Constitución de 1985 con las reforma de 1993
1985 Constitution with 1993 reforms
| República de Guatemala / Republic of Guatemala Constitución de 1985 con las reforma de 1993 1985 Constitution with 1993 reforms |
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ARTICULO 1.- Protección a la Persona. El Estado
de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su
fin supremo es la realización del bien común.
ARTICULO 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle
a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
ARTICULO 3.- Derecho a la vida. El estado garantiza y protege
la vida humana desde su concepción, así como la integridad
y la seguridad de la persona.
ARTICULO 4.- Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos
son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera
que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades.
Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe
su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.
ARTICULO 5.- Libertad de acción. Toda persona tiene derecho
a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar
órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a
ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones
o por actos que no impliquen infracción a la misma.
ARTICULO 6.- Detención legal. Ninguna persona puede ser
detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden
librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan
los casos de flagrante delito o falta. Lo s detenidos deberán ser
puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un
plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a
ninguna otra autoridad.
El funcionario, o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en
este artículo será sancionado conforme a la ley, y los tribunales,
de oficio, iniciarán el proceso correspondiente.
ARTICULO 7.- Notificación de la causa de detención.
Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en forma
verbal y por escrito, de la causa que motivó su detención,
autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La
misma notificación deberá hacerse por el medio más
rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será
responsable de la efectividad de la notificación.
ARTICULO 8.- Derechos del detenido. Todo detenido deberá
ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles,
especialmente que puede proveerse de un defensor, el cual podrá
estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido
no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente.
ARTICULO 9.- Interrogatorio a detenido o presos. Las autoridades
judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos
o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo
que no exceda de veinticuatro horas.
El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio.
ARTICULO 10.- Centro de detención legal. Las personas
aprehendidas por la autoridad no podrán ser conducidas a lugares
de detención, arresto o prisión diferentes a los que están
legal y públicamente destinados al efecto. Los centros de detención
, arresto o prisión provisional, serán distintos a aquellos
en que han de cumplirse las condenas.
La autoridad y sus agentes, que violen lo dispuesto en el presente artículo,
serán personalmente responsables.
ARTICULO 11.- Detención por faltas o infracciones. Por
faltas o por infracciones a los reglamentos no deben permanecer detenidas
las personas cuya identidad pueda establecerse mediante documentación,
por el testimonio de persona de arraigo, o po r la propia autoridad.
En dichos casos, bajo pena de la sanción correspondiente, la
autoridad limitará su cometido a dar parte del hecho a juez competente
y a prevenir al infractor, para que comparezca ante el mismo dentro de
las cuarenta y ocho horas hábiles todos los días del año,
y las horas comprendidas entre las ocho y las dieciocho horas.
Quienes desobedezcan el emplazamiento serán sancionados conforme a la ley.
La persona que no pueda identificarse conforme a lo dispuesto en este artículo,
será puesta a disposición de la autoridad judicial más cercana, dentro de
la primera hora siguiente a su detención.
ARTICULO 12.- Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos
son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin
haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente
y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos,
ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
ARTICULO 13.- Motivos para auto de prisión. No podrá dictarse auto de
prisión, sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que
concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida
lo ha cometido o participado en él.
Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante
los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente
no haya sido indagada por tribunal competente.
ARTICULO 14.- Presunción de inocencia y publicidad del proceso.
Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable
judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.
El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido
designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho
de conocer personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias
penales, sin reserva alguna y en forma inmediata.
ARTICULO 15.- Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto
retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo.
ARTICULO 16.- Declaración contra sí y parientes.
En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra
sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente,
ni contra sus parientes dentro de los grados de ley.
ARTICULO 17.- No hay delito ni pena sin ley anterior. No son
punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como
delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración.
No hay prisión por deuda.
ARTICULO 18.- Pena de muerte. La pena de muerte no podrá
imponerse en los siguientes casos:
El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte.
ARTICULO 19.- Sistema penitenciario. El sistema penitenciario
debe tender a la readaptación social y a la reeducación de
los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos, con las siguientes
normas mínimas:
El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para
el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo.
ARTICULO 20.- Menores de edad. Los menores de edad que
transgredan la ley son inimputables. Su tratamiento debe estar orientado
hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud.
Los menores, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos
por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden
ser recluidos en centros penales o de detención destinados para
adultos. Una ley específica regulará esta materia.
ARTICULO 21.- Sanciones a funcionarios o empleados públicos.
Los funcionarios, empleados públicos y otras personas que den o
ejecuten órdenes contra lo dispuesto en los dos artículos
anteriores, además de las sanciones que les imponga la ley, se rán
destituidos inmediatamente de su cargo, en su caso, e inhabilitados para
el desempeño de cualquier cargo o empleo público.
El custodio que hiciere uso indebido de medios o armas contra un detenido
o preso, será responsable conforme a la Ley Penal. El delito cometido
en esas circunstancias es imprescriptible.
ARTICULO 22.- Antecedentes penales y policiales. Los antecedentes penales
y policiales no son causa para que a las personas se les restrinja en el ejercicio
de sus derechos que esta Constitución y las leyes de la República les garantiza,
salvo cuando se limiten por ley, o en sentencia firme, y por el plazo fijado
en la misma.
ARTICULO 23.- Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable.
Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita,
salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el
motivo de la diligencia y nunca antes de las seis ni después de
las dieciocho horas, Tal diligencia se realizará siempre en presencia
del interesado, o de su mandatario.
ARTICULO 24.- Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros.
La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables.
Sólo podrán revisarse o incautarse, en virtud de resolución
firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza
el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas,
radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología
moderna.
Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos,
tasa, arbitrios y contribuciones, podrán ser revisados por la autoridad
competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los
impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro
dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o
jurídicas, con excepción de los balances generales, cuya
publicación ordene la ley.
Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este
artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio.
ARTICULO 25.- Registro de personas y vehículos. El registro
de las personas y de los vehículos, sólo podrá efectuarse
por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada
para ello. Para ese efecto, los elementos de l as fuerzas de seguridad
deberán presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo
sexo de los requisados, debiendo guardarse el respeto a la dignidad, intimidad
y decoro de las personas.
ARTICULO 26.- Libertad de
locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y
salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más
limitaciones que las establecidas por ley.
No podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni
prohibírsele la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte u otros
documentos de identificación.
Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin
llenar el requisito de visa.
La ley determinará las responsabilidades en que incurran
quienes infrinjan esta disposición.
ARTICULO 27.- Derecho de
asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las
prácticas internacionales.
La extradición se rige por lo dispuesto en tratados
internacionales.
Por delitos políticos no se intentará la extradición de
guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero,
salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa
humanidad o contra el derecho internacional.
No se acordará la expulsión del territorio nacional de
un refugiado político, con destino al país que lo persigue.
ARTICULO 28.- Derecho de
petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a
dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está
obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.
En materia administrativa el término para resolver las
peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días.
En materia fiscal, para impugnar resoluciones
administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por
cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o
garantía alguna.
ARTICULO 29.- Libre acceso a
tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los
tribunales, dependencias y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y
hacer valer sus derechos de conformidad con la ley.
Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía
diplomática en caso de denegación de justicia.
No se califica como tal, el solo hecho de que el fallo
sea contrario a sus intereses y en todo caso, deben haberse agotado los recursos
legales que establecen las leyes guatemaltecas.
ARTICULO 30.- Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos
de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener,
en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que
soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que
se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos
suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.
ARTICULO 31.- Acceso a archivos
y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de
ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y
la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección,
rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de
filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los
partidos políticos.
ARTICULO 32.- Objeto de
citaciones. No es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o
empleado público, si en las citaciones correspondientes no consta expresamente
el objeto de la diligencia.
ARTICULO 33.- Derecho de reunión
y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.
Los derechos de reunión y de manifestación pública no
pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el
único objeto de garantizar el orden público.
Las manifestaciones religiosas en el exterior de los
templos son permitidas y se rigen por la ley.
Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa
notificación de los organizadores ante la autoridad competente.
ARTICULO 34.- Derecho de
asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación.
Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de
grupos o asociaciones de auto-defensa o similares. Se exceptúa el caso de la
colegiación profesional.
ARTICULO 35.- Libertad de
emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por
cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho
constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental
alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a
la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos
tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y
rectificaciones.
No constituyen delito o falta las publicaciones que
contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados
públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.
Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que
un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la
publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se
les hacen son infundados. El fallo q ue reivindique al ofendido, deberá
publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la
imputación.
La actividad de los medios de comunicación social es de
interés público y éstos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o
delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados,
intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento
las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de
comunicación social.
Es libre el acceso a las fuentes de información y
ninguna autoridad podrá limitar ese derecho.
La autorización, limitación o cancelación de las
concesiones otorgadas por el Estado a las personas, no pueden utilizarse como
elementos de presión o coacción, para limitar el ejercicio de la libre emisión
del pensamiento.
Un jurado conocerá privativamente de los delitos o
faltas a que se refiere este artículo.
Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula
en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento.
Los propietarios de los medios de comunicación social,
deberán proporcionar cobertura socioeconómica a sus reporteros, a través de la
contratación de seguros de vida.
ARTICULO 36.- Libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones
es libre. Toda persona tiene derechos a practicar su religión o creencia,
tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la
observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la
dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos.
ARTICULO 37.- Personalidad
jurídica de las iglesias. Se reconocer la personalidad jurídica de la
Iglesia Católica. Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de
carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica
conforme las reglas de su institución y el Gobierno no podrá negarlo si no fuese
por razones de orden público.
El Estado extenderá a la Iglesia Católica, sin costo
alguno, títulos de propiedad de los bienes inmuebles que actualmente y en forma
pacífica posee para sus propios fines, siempre que hayan formado parte del
patrimonio de la Iglesia Católica en el pasa do. No podrán ser afectados los
bienes inscritos a favor de terceras personas, ni los que el Estado
tradicionalmente ha destinado a sus servicios.
Los bienes inmuebles de las entidades religiosas
destinados al culto, a la educación y a la asistencia social, gozan de exención
de impuestos, arbitrios y contribuciones.
ARTICULO 38.- Tenencia y
portación de armas. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso
personal, no prohibidas por la ley, en el lugar de habitación. No habrá
obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera ordenado por el juez
competente.
Se reconoce el derecho de portación de armas, regulado
por la ley.
ARTICULO 39.- Propiedad
privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la
persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo
con la ley.
El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones
que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que
se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de
todos los guatemaltecos.
ARTICULO 40.- Expropiación.
En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de
utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas.
La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señala dos por la ley, y
el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor
actual.
La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva
de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de
compensación.
Sólo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede
ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa indemnización,
pero ésta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia.
La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga.
La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación
de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso el término para hacer
efectivo dicho pago podrá exceder de diez años.
ARTICULO 41.- Protección al derecho de propiedad. Por causa de actividad
o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna.
Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias.
Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido.
ARTICULO 42.- Derecho de autor o
inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los
titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento,
de conformidad con la ley y los tratados internacionales.
ARTICULO 43.- Libertad de
industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de
comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de
interés nacional impongan las leyes.
ARTICULO 44.- Derechos
inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la
Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son
inherentes a la persona humana.
El interés social prevalece sobre el interés particular.
Serán nulas ipso jure las
leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan,
restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.
ARTICULO 45.- Acción contra infractores y legitimidad de resistencia.
La acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública
y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna.
Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los
derechos y garantías consignados en la Constitución.
ARTICULO 46.- Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece
el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre
el derecho interno.
ARTICULO 47.- Protección a
la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y
jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del
matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y
el derecho de las personas a decir libremente el número y espaciamiento de sus
hijos.
ARTICULO 48.- Unión de
hecho. El Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo lo
relativo a la misma.
ARTICULO 49.- Matrimonio. El
matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en
ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa
correspondiente.
ARTICULO 50.- Igualdad de los
hijos. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos.
Todos discriminación es punible.
ARTICULO 51.- Protección a
menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de
los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la
alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social.
ARTICULO 52.- Maternidad. La
maternidad tiene la protección del Estado, el que velará en forma especial por
el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella se deriven.
ARTICULO 53.- Minusválidos. El Estado garantiza la protección de los
minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o
sensoriales. Se declara de interés nacional su atención médico-social, así
como la promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación
y su reincorporación integral a la sociedad. La ley regulará esta materia
y creará los organismos técnicos y ejecutores que sean necesarios.
ARTICULO 54.- Adopción. El
Estado reconoce y protege la adopción. El adoptado adquiere la condición de hijo
del adoptante. Se declara de interés nacional la protección de los niños
huérfanos y de los niños abandonados.
ARTICULO 55.- Obligación de
proporcionar alimentos. Es punible la negativa a proporcionar alimentos en
la forma que la ley prescribe.
ARTICULO 56.- Acciones contra
causas de desintegración familiar. Se declara de interés social, las
acciones contra el alcoholismo, la drogadicción y otras causas de desintegración
familiar. El Estado deberá tomar las medidas de prevención, trata miento y
rehabilitación adecuadas para hacer efectivas dichas acciones, por el bienestar
del individuo, la familia y la sociedad.
ARTICULO 57.- Derecho a la
cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida
cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso
científico y tecnológico de la Nación.
ARTICULO 58.- Identidad
cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su
identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres.
ARTICULO 59.- Protección e investigación de la cultura. Es obligación
primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir
las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración,
preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación científica,
así como la creación y aplicación de tecnología apropiada.
ARTICULO 60.- Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de
la Nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos
y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su
enajenación, exportación o alteración salvo los casos que determine la ley.
ARTICULO 61.- Protección al
patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y el
Centro Cultural de Guatemala, recibirán atención especial del Estado, con el
propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico y
bienes culturales. Estarán sometidos a régimen especial de conservación el
Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la ciudad de Antigua
Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así como aquéllos que
adquiera n similar reconocimiento.
ARTICULO 62.- Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales.
La expresión artística nacional, el arte popular, el folklore y las artesanías
e industrias autóctonas, deben ser objeto de protección especial del Estado,
con el fin de preservar su autenticidad. El Estado propiciará la apertura
de mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización de
la obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción y adecuada
a tecnificación.
ARTICULO 63.- Derecho a la
expresión creadora. El Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y
estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su
formación y superación profesional y económica.
ARTICULO 64.- Patrimonio
natural. Se declara de interés nacional la conservación, protección y
mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la
creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales so n
inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que
en ellos exista.
ARTICULO 65.- Preservación y
promoción de la cultura. La actividad del Estado en cuanto a la reservación
y promoción de la cultura y sus manifestaciones, está a cargo de un órgano
específico con presupuesto propio.
ARTICULO 66.- Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada
por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de
ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida,
costumbres, tradición es, formas de organización social, el uso del
traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.
ARTICULO 67.- Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas.
Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras
formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio
familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia
crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo,
a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.
Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que
históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma
especial, mantendrán ese sistema.
ARTICULO 68.- Tierras para
comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación adecuada,
el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las
necesiten para su desarrollo.
ARTICULO 69.- Traslación de trabajadores y su protección. Las actividades
laborales que impliquen traslación de trabajadores fuera de sus comunidades,
serán objeto de protección y legislación que aseguren las condiciones adecuadas
de salud, seguridad y previsión social que impidan el pago de salarios no
ajustados a la ley, la desintegración de esas comunidades y en general todo
trato discriminatorio.
ARTICULO 70.- Ley
específica. Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección.
ARTICULO 71.- Derecho a la
educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es
obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin
discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad públicas l a fundación
y mantenimiento de centros educativos culturales y museos.
ARTICULO 72.- Fines de la
educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de
la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y
universal.
Se declaran de interés nacional la educación, la
instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de
la República y de los derechos humanos.
ARTICULO 73.- Libertad de educación y asistencia económica estatal.
La familia es fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger
la que ha de impartirse a sus hijos menores. El Estado podrá subvencionar
a los centros educativos privados gratuitos y la ley regulará lo relativo
a esta materia. Los centros educativos privados funcionarán bajo la inspección
del Estado. Están obligados a llenar, por lo menos, los planes y programas
oficiales de estudio. Como centros de cultura gozarán d e la exención de toda
clase de impuestos y arbitrios.
La enseñanza religiosa es optativa en los
establecimientos oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios ordinarios,
sin discriminación alguna.
El Estado contribuirá al sostenimiento de la enseñanza
religiosa sin discriminación alguna.
ARTICULO 74.- Educación
obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la
educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad
que fije la ley.
La educación impartida por el Estado es gratuita.
El Estado proveerá y promoverá becas y créditos
educativos.
La educación científica, la tecnológica y la humanística
constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y ampliar permanentemente.
El Estado promoverá la educación especial, la
diversificada y la extra escolar.
ARTICULO 75.-
Alfabetización. La alfabetización se declara de urgencia nacional y es
obligación social contribuir a ella. El Estado debe organizarla y promoverla con
todos los recursos necesarios.
ARTICULO 76.- Sistema educativo
y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educativo deberá ser
descentralizado y regionalizado.
En las escuelas establecidas en zonas de predominante
población indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma
bilingüe.
ARTICULO 77.- Obligaciones de los propietarios de empresas. Los propietarios
de las empresas industriales, agrícolas, pecuarias y comerciales están obligados
a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y centros
culturales para sus trabajadores y población escolar.
ARTICULO 78.- Magisterio. El
Estado promoverá la superación económica social y cultural del magisterio,
incluyendo el derecho a la jubilación que haga posible su dignificación
efectiva.
Los derechos adquiridos por el magisterio nacional tienen carácter de mínimos
e irrenunciables. la ley regulará estas materias.
ARTICULO 79.- Enseñanza agropecuaria. Se declara de interés nacional
el estudio, aprendizaje, explotación, comercialización e industrialización
agropecuaria. Se crea como entidad descentralizada, autónoma, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, la Escuela Nacional Central de Agricultura;
debe organizar, dirigir y desarrollar los planes de estudio agropecuario y
forestal de la Nación a nivel de enseñanza media; y se regirá por su propia
ley orgánica, correspondiéndole una asignación no menor del cinco por ciento
del presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura.
ARTICULO 80.- Promoción de la
ciencia y la tecnología. El Estado reconoce y promueve la ciencia y la
tecnología como bases fundamentales del desarrollo nacional. La ley normará lo
pertinente.
ARTICULO 81.- Títulos y
diplomas. Los títulos y diplomas cuya expedición corresponda al Estado,
tiene plena validez legal.
ARTICULO 82.- Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
La Universidad de San Carlos de Guatemala, es una institución autónoma con
personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal le corresponde
con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del
Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión
de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios
a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará
al estudio y solución de los problemas nacionales.
Se rige por su Ley Orgánica y por los estatutos y
reglamentos que ella emita, debiendo observarse en la conformación de los
órganos de dirección, el principio de representación de sus catedráticos
titulares, sus graduados y sus estudiantes.
ARTICULO 83.- Gobierno de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. El gobierno de la Universidad de San
Carlos de Guatemala corresponde al Consejo Superior Universitario, integrado por
el Rector, quien lo preside; los decanos de las facultades; un representante del
colegio profesional, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que
corresponda a cada facultad; un catedrático titular y un estudiante por cada
facultad.
ARTICULO 84.- Asignación
presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Corresponde a
la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del
cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado,
debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su
población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico.
ARTICULO 85.- Universidades
privadas. A las universidades privadas, que son instituciones
independientes, les corresponde organizar y desarrollar la educación superior
privada de la Nación, con el fin de contribuir a la formación profesional, a la
investigación científica, a la difusión de la cultura y al estudio y solución de
los problemas nacionales.
Desde que sea autorizado el funcionamiento de una
universidad privada, tendrá personalidad jurídica y libertad para crear sus
facultades e institutos, desarrollar sus actividades académicas y docentes, así
como para el desenvolvimiento de sus planes y programas de estudio.
ARTICULO 86.- Consejo de la
Enseñanza Privada Superior. El Consejo de la Enseñanza Privada Superior
tendrá las funciones de velar porque se mantenga el nivel académico en las
universidades privadas sin menoscabo de su independencia y de autoriza r la
creación de nuevas universidades; se integra por dos delegados de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, dos delegados por las universidades privadas y un
delegado electo por los presidentes de los colegios profesionales que no ejerza
cargo algun o en ninguna universidad.
La presidencia se ejercerá en forma rotativa. La ley
regulará esta materia.
ARTICULO 87.- Reconocimiento de
grados, títulos, diplomas e incorporaciones. Sólo serán reconocidos en
Guatemala, los grados, títulos y diplomas otorgados por las universidades
legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo
dispuesto por tratados internacionales.
La Universidad de San Carlos de Guatemala, es la única
facultada para resolver la incorporación de profesionales egresados de
universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos que al efecto
hayan de llenarse, así como para reconocer títulos y diplomas de carácter
universitarios amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por
universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala al lograrse la
unificación básica de los planes de estudio.
No podrán dictarse disposiciones legales que otorguen
privilegios en perjuicio de quienes ejercen una profesión con título o que ya
han sido autorizados legalmente para ejercerla.
ARTICULO 88.- Exenciones y
deducciones de los impuestos. Las universidades están exentas del pago de
toda clase de impuestos, arbitrios y contribuciones, sin excepción alguna.
Serán deducibles de la renta neta gravada por el
Impuesto sobre la Renta las donaciones que se otorguen a favor de las
universidades, entidades culturales o científicas.
El Estado podrá dar asistencia económica a las
universidades privadas, para el cumplimiento de sus propios fines.
No podrán ser objeto de procesos de ejecución ni podrán ser intervenidas la
Universidad de San Carlos de Guatemala y las universidades privadas, salvo
el caso de las universidades privadas cuando la obligación que se haga valer
provenga de contratos civiles, mercantiles o laborales.
ARTICULO 89.- Otorgamiento de
grados, títulos y diplomas. Solamente las universidades legalmente
autorizadas podrán otorgar grados y expedir títulos y diplomas de graduación en
educación superior.
ARTICULO 90.- Colegiación
profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es
obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y
material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio.
Los colegios profesionales, como asociaciones gremiales con personalidad jurídica,
funcionarán de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional obligatoria
y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades
de las que fueren egresados sus miembros.
Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las
universidades del país.
En todo asunto que se relaciones con el mejoramiento del
nivel científico y técnico cultural de las profesiones universitarias, las
universidades del país podrán requerir la participación de los colegios
profesionales.
ARTICULO 91.- Asignación presupuestaria para el deporte.
Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el
deporte. Para ese efecto, se destinará una asignación privativa no menor del
tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado.
De tal asignación el cincuenta por ciento se destinará al sector del deporte
federado a través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la
ley; veinticinco por ciento a educación física, recreación y deportes escolares;
y veinticinco por ciento al deporte no federado.
ARTICULO 92.- Autonomía del
deporte. Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través
de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y
Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio
propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios.
ARTICULO 93.- Derecho a la
salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin
discriminación alguna.
ARTICULO 94.- Obligación del Estado, sobre salud y asistencia social.
El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes.
Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción,
recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes
a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social.
ARTICULO 95.- La salud, bien
público. La salud de los habitantes de la Nación es un bien público. Todas
las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y
restablecimiento.
ARTICULO 96.- Control de calidad
de productos. El Estado controlará la calidad de los productos alimenticios,
farmacéuticos, químicos y de todos aquéllos que puedan afectar la salud y
bienestar de los habitantes. Velará por el establecimiento y programación de la
atención primaria de la salud, y por el mejoramiento de las condiciones de
saneamiento ambiental básico de las comunidades menos protegidas.
ARTICULO 97.- Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las
municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a
propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación
del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas
necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna,
de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando
su depredación.
ARTICULO 98.- Participación de las comunidades en programas de salud.
Las comunidades tienen el derecho y el deber de participar activamente en
la planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud.
ARTICULO 99.- Alimentación y nutrición. El Estado velará porque la
alimentación y nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de salud.
Las instituciones especializadas del Estado deberán coordinar sus acciones
entre sí o con organismos internacionales dedicados a la salud, para lograr
un sistema alimentario nacional efectivo.
ARTICULO 100.- Seguridad
social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para
beneficio de los habitantes de la Nación. Su régimen se instituye como función
pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria.
El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos
por el régimen, con la única excepción de lo preceptuado por el artículo 88 de
esta Constitución, tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y
derecho a participar en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo.
La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica,
patrimonio y funciones propias; goza de exoneración total de impuestos, contribuciones
y arbitrios, establecidos o por establecerse. El Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social debe participar con las instituciones de salud en forma coordinada.
El Organismo Ejecutivo asignará anualmente en el Presupuesto de Ingresos
y Egresos del Estado, una partida específica para cubrir la cuota que corresponde
al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada
durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios
técnicos actuariales del instituto.
Contra las resoluciones que se dicten en esta materia,
producen los recursos administrativos y el de lo contencioso-administrativo de
conformidad con la ley. Cuando se trate de prestaciones que deba otorgar el
régimen, conocerán los tribunales de trabajo y previsión social. ARTICULO 101.- Derecho al
trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación
social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de
justicia social.
ARTICULO 102.- Derechos sociales
mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que
fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y
autoridades:
Quienes por disposición de la ley por la costumbre o por acuerdo
con los empleadores laboren menos de cuarenta y cuatro horas semanales
en jornada diurna, treinta y seis en jornada nocturna, o cuarenta y dos
en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal.
Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador
permanezca a las órdenes o a disposición del empleador. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia
de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer
trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera
esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará
de un descanso forzoso retribuido con el cinto por ciento de su salario,
durante los treinta días que precedan al parto y los cuarenta y cinco
días siguientes. En la época de la lactancia tendrá derecho a dos períodos
de descanso extraordinarios, dentro de la jornada. Los descansos pre y
postnatal serán ampliados según sus condiciones físicas, por prescripción
médica; Los trabajadores mayores de sesenta años serán objeto de trato
adecuado a su edad; Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas
con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales; Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en
igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley.
En paridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar
menor salario que un extranjero, estar sujeto a condiciones inferiores
de trabajo, ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones; ñ. Fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores
y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo.
Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico de la empresa
para beneficio común; Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomarán en cuenta
la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que
ésta sea; Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por
el régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En
caso de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador
deberá pagar la diferencia; Sólo los guatemaltecos por nacimientos podrán intervenir en la organización,
dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos
de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratos internacionales
o en convenios intersindicales autorizados por el Organismo Ejecutivo;
El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social
que, en beneficio de los trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden
especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia; Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al
trabajador a título de daños y perjuicios un mes de salario si el juicio
se ventila en una instancia, dos meses de salario en caso de apelación
de la sentencia, y si el proceso durar e en su trámite más de dos meses,
deberá pagar el cincuenta por ciento del salario del trabajador, por cada
mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso,
de seis meses; y ARTICULO 103.- Tutelaridad
de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre
empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y
atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el
trabajo agrícola la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las
zonas en que se ejecuta.
Todos los conflictos relativos al trabajo están
sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas
correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en
práctica.
ARTICULO 104.- Derecho de huelga
y paro. Se reconoce el derecho de huelga y para ejercido de conformidad con
la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos
derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico social. Las
leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga
y el paro.
ARTICULO 105.- Viviendas de los
trabajadores. El Estado, a través de las entidades específicas, apoyará la
planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo los
adecuados sistemas de financiamiento, que permitan atender los diferentes
programas, para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que
llenen las condiciones de salubridad.
Los propietarios de las empresas quedan obligados a
proporcionar a sus trabajadores, en los casos establecidos por la ley, viviendas
que llenen los requisitos anteriores.
ARTICULO 106.- Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos
consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles
de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y en
la forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la
negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores,
aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un
convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución
tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores
en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados
por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo.
En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se
interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores.
ARTICULO 107.- Trabajadores del
Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración
pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna.
ARTICULO 108.- Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones
del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores
se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan
por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.
Los trabajadores del Estado o de sus entidades
descentralizadas autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que
superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil, conservarán ese trato.
ARTICULO 109.- Trabajadores por
planilla. Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas o
autónomas que laboren por planilla, serán equiparados en salarios, prestaciones
y derechos a los otros trabajadores del Estado.
ARTICULO 110.-
Indemnización. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa
justificada, recibirán su indemnización equivalente aun mes de salario por cada
año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de
diez meses de salario.
ARTICULO 111.- Régimen de entidades descentralizadas. Las entidades
descentralizadas del Estado, que realicen funciones económicas similares a
las empresas de carácter privado, se regirán en sus relaciones de trabajo
con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que
nos menoscaben otros derechos adquiridos.
ARTICULO 112.- Prohibición de desempeñar más de un cargo público.
Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado,
con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones
asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios.
ARTICULO 113.- Derecho a optar a
empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a
empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones
fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
ARTICULO 114.- Revisión a la
jubilación. Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de la
jubilación, regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato,
pero al terminar la nueva relación laboral, tiene derecho a optar por la
revisión del expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado
del tiempo servido y del último salario devengado, durante el nuevo cargo.
Conforme las posibilidades del Estado, se procederá a
revisar periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, pensiones y
montepíos.
ARTICULO 115.- Cobertura
gratuita del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a jubilados. Las
personas que gocen de jubilación, pensión o montepío del Estado e instituciones
autónomas y descentralizadas, tiene derecho a recibir gratuitamente la cobertura
total de los servicios médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
ARTICULO 116.- Regulación de la
huelga para trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los
sindicatos formados por trabajadores del estado y sus entidades descentralizadas
y autónomas, no pueden participar en actividades políticas partidista.
Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del
Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente
podrá ejercitarse en la forma que preceptúe la ley de la materia y en ningún
caso deberá afectar la tensión de los ser vicios públicos esenciales.
ARTICULO 117.- Opción al régimen
de clases pasivas. Los trabajadores de las entidades descentralizadas o
autónomas que no estén afectos a descuentos para el fondo de clases pasivas, ni
gocen de los beneficios correspondientes, podrán acogerse a este régimen y, la
dependencia respectiva, en este caso, deberá aceptar la solicitud del interesado
y ordenar a quien corresponde que se hagan los descuentos correspondientes.
ARTICULO 118.- Principios del
Régimen Económico y Social. El régimen económico y social de la República de
Guatemala se funda en principios de justicia social.
Es obligación del Estado orientar la economía nacional
para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para
incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa
distribución del ingreso nacional.
Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando
la iniciativa y la actividad privada, para el logro de los fines expresados.
ARTICULO 119.- Obligaciones del
Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado:
ARTICULO 121.- Bienes del
Estado. Son bienes del estado:
Se exceptúan de las expresadas reservas:
ARTICULO 123.- Limitaciones en las fajas fronterizas. Sólo los guatemaltecos
de origen, o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades, podrán
ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de quince kilómetros
de ancho a lo largo de las fronteras, medidos desde la línea divisoria. Se
exceptúan los bienes urbanos y los derechos inscritos con anterioridad al
primero de marzo de mil novecientos cincuenta y seis.
ARTICULO 124.- Enajenación de
los bienes nacionales. Los bienes nacionales sólo podrán ser enajenados en
la forma que determine la ley, la cual fijará las limitaciones y formalidades a
que deba sujetarse la operación y sus objetivos fiscales.
Las entidades descentralizadas o autónomas, se regirán
por lo que dispongan sus leyes y reglamentos.
ARTICULO 125.- Explotación de
recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad
públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás
recursos naturales no renovables.
El Estado establecerá y propiciará las condiciones
propias para su exploración, explotación y comercialización.
ARTICULO 126.-
Reforestación. Se declara de urgencia nacional y de interés social, la
reforestación del país y la conservación de los bosques. La ley determinará la
forma y requisitos para la explotación racional de los recursos forestales y su
renovación, incluyendo las resinas, gomas, productos vegetales silvestres no
cultivados y demás productos similares, y fomentará su industrialización. La
explotación de todos estos recursos, corresponderá exclusivamente a personas
guatemaltecos, individua les o jurídicas.
Los bosques y la vegetación en las riberas de los ríos y
lagos, y en las cercanías de las fuentes de aguas, gozarán de especial
protección.
ARTICULO 127.- Régimen de
aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e
imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma
establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica
regulará esta materia.
ARTICULO 128.- Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento
de las aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios,
turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de
la economía nacional, está al servicios de la comunidad y no de persona particular
alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces
correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso.
ARTICULO 129.-
Electrificación. Se declara de urgencia nacional, la electrificación del
país, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, en la
cual podrá participar la iniciativa privada.
ARTICULO 130.- Prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios
y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban
o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción
en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria.
Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la
economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la
libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores.
ARTICULO 131.- Servicio de
transporte comercial. Por su importancia económica en el desarrollo del
país, se reconoce la utilidad pública, y por lo tanto, gozan de la protección
del Estado, todos los servicios de transporte comercial y turístico, sean
terrestres, marítimos o aéreos, dentro de los cuales quedan comprendidas las
naves, vehículos, instalaciones y servicios.
Las terminales terrestres, aeropuertos y puertos marítimos comerciales, se
consideran bienes de uso público común y así como los servicios del transporte,
quedan sujetos únicamente a la jurisdicción de autoridades civiles. Queda
prohibida la utilización de naves, vehículos y terminales, propiedad de entidades
gubernamentales y del Ejército Nacional, para fines comerciales; esta disposición
no es aplicable a las entidades estatales descentralizadas que presten servicio
de transporte.
Para la instalación y explotación de cualquier servicio de transporte nacional
o internacional, es necesaria la autorización gubernamental. Para este propósito,
una vez llenados los requisitos legales correspondientes por el solicitante,
la autoridad gubernativa deberá extender la autorización inmediatamente.
ARTICULO 132.- Moneda. Es potestad exclusiva del Estado, emitir y
regular la moneda, así, como formular y realizar las políticas que tiendan
a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo
ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y
financieras, estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual
ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la
deuda pública. Dirigirá este sistema, la Junta Moneta ia, de la que depende
el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio, que se regirá
por su Ley Orgánica y la Ley Monetaria.
La Junta Monetaria se integra con los siguientes
miembros:
Todos los miembros de la Junta Monetaria, tendrán
suplentes, salvo el Presidente, a quien lo sustituye el Vicepresidente y los
ministros de Estado, que serán sustituidos por su respectivo viceministro.
El Vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de
Guatemala, quien también será nombrado por el Presidente de la República, podrá
concurrir a las sesiones de la Junta Monetaria, juntamente con el Presidente,
con voz, pero sin voto, excepto cuando sustituya al Presidente en sus funciones,
en cuyo caso, sí tendrá voto.
El Presidente, el Vicepresidente y los designados por el
Consejo Superior Universitario y por el Congreso de la República, deberán ser
personas de reconocida honorabilidad y de notoria preparación y competencia en
materia económica y financiera.
Los actos y decisiones de la Junta Monetaria, están
sujetos a los recursos administrativos y al de lo contencioso-administrativo y
de casación.
ARTICULO 133.- Junta
Monetaria. La Junta Monetaria tendrá a su cargo la determinación de la
política monetaria, cambiaría y crediticia del país y velará por la liquidez y
solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el
fortalecimiento del ahorro nacional.
Con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria
y crediticia del país, la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco
de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto; garatía o aval al
estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas ni a las entidades privadas
no bancarias. Con ese mismo fin, el Banco de Guatemala no podrá adquirir los
valores que emitan o negocien en el mercado primario dichas entidades. Se
exceptúa de estas prohibiciones el financiamiento que pueda concederse en
casos de catástrofes o desastres públicos, siempre y cuando el mismo sea aprobado
por las dos terceras partes del número total de diputados que integran el
Congreso a solicitud del presidente de la república
La Superintendencia de Bancos, organizada conforme
a la ley, es el órgano que ejercerá la vigilancia e inspección de bancos,
instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras, de
seguros y las demás que la ley disponga.
ARTICULO 134.- Descentralización
y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas,
actúan por delegación del Estado.
La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución
de la República, se concederá únicamente, cuando se estime indispensable para
la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para
crear entidades descentralizadas y autónomas, será necesario el voto favorable
de las dos terceras partes del Congreso de la República.
Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y
de toda entidad descentralizada y autónoma, las siguientes:
ARTICULO 135.- Deberes y
derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los
consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los
siguientes:
Toda petición en esta materia, deberá ser resuelta y
notificada, en un término que no exceda de ocho días. Si la autoridad no
resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado
podrá interponer los recursos de ley.
ARTICULO 138.- Limitación a los derechos constitucionales.
Es obligación del Estado y de las autoridades, mantener a los habitantes de
la Nación, en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza.
Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de
la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública,
podrá cesar la plana vigencia de los derechos a que se refieren los artículo
5º, 6º, 9º, 26º, 33º, primer párrafo del artículo
35º, segundo párrafo del artículo 38º y segundo párrafo del artículo
116º.
Al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior,
el Presidente de la República, hará la declaratoria correspondiente, por medio
de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones
de la Ley de Orden Público. En el estado de prevención, no será necesaria
esta formalidad.
Los efectos del decreto no podrán exceder de treinta
días por cada vez. Si antes de que venza el plazo señalado, hubieren
desaparecido las causas que motivaron el decreto, se le hará cesar en sus
efectos y para este fin, todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión.
Vencido el plazo de treinta días, automáticamente queda restablecida la vigencia
plena de los derechos, salvo que se hubiere dictado nuevo decreto en igual
sentido. Cuando Guatemala afronte un estado real de guerra, el decreto no estará
sujeto a las limitaciones de tiempo, consideradas en el párrafo anterior.
Desaparecidas las causas que motivaron el decreto a que
se refiere este artículo, toda persona tiene derecho a deducir las
responsabilidades legales procedentes, por los actos innecesarios y medidas no
autorizadas por la Ley de Orden Público.
ARTICULO 139.- Ley de Orden
Público y Estados de Excepción. Todo lo relativo a esta materia, se regula
en la Ley Constitucional de Orden Público.
La Ley de Orden Público, no afectará el funcionamiento
de los organismos del Estado y sus miembros gozarán siempre de las inmunidades y
prerrogativas que les reconoce la ley; tampoco afectará el funcionamiento de los
partidos políticos.
La Ley de Orden Público, establecerá las medidas y
facultades que procedan, de acuerdo con la siguiente graduación:
ARTICULO 140.- Estado de
Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano,
organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus
libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo
.
ARTICULO 141.- Soberanía. La
soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los
Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos,
es prohibida.
ARTICULO 142.- De la soberanía y
el territorio. El Estado ejerce plena soberanía, sobre:
ARTICULO 144.- Nacionalidad de
origen. Son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la
República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o
madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de
funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados.
A ningún guatemalteco de origen, puede privársele de su
nacionalidad.
ARTICULO 145.- Nacionalidad de
centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen, a los
nacionales por nacimiento, de las repúblicas que constituyeron la Federación de
Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestar en ante
autoridad competente, su deseo de ser guatemaltecos. En ese caso podrán
conservar su nacionalidad de origen, sin perjuicio de lo que se establezca en
tratados o convenios centroamericanos.
ARTICULO 146.-
Naturalización. Son guatemaltecos, quienes obtengan su naturalización, de
conformidad con la ley.
Los guatemaltecos naturalizados, tienen los mismos
derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta
Constitución.
ARTICULO 147.- Ciudadanía.
Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de dieciocho años de edad. Los
ciudadanos no tendrán más limitaciones, que las que establecen esta Constitución
y la ley.
ARTICULO 148.- Suspensión,
pérdida y recuperación de la ciudadanía. La ciudadanía se suspende, se
pierde y se recobra de conformidad con lo que preceptúa la ley.
ARTICULO 149.- De las relaciones
internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de
conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el
propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y
defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos
e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo
entre los Estados.
ARTICULO 150.- De la comunidad
centroamericana. Guatemala, como parte de la comunidad centroamericana,
mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás
Estados que formaron la Federación de Centroamérica; deberá adopta r las medidas
adecuadas para llevar a la práctica, en forma parcial o total, la unión política
o económica de Centroamérica. Las autoridades competentes están obligadas a
fortalecer la integración económica centroamericana sobre bases de equidad.
ARTICULO 151.- Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá relaciones
de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito
de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente,
políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas.
ARTICULO 152.- Poder
Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las
limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley.
Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o
política, puede arrogarse su ejercicio.
ARTICULO 153.- Imperio de la
ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren
en el territorio de la República.
ARTICULO 154.- Función pública;
sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella.
Los funcionarios y empleados públicos están al servicio
del Estado y no de partido político alguno.
La función pública no es delegable, excepto en los casos
señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de
fidelidad a la Constitución.
ARTICULO 155.- Responsabilidad
por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del
Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de
particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será
solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados
públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo
término será de veinte años.
La responsabilidad criminal se extingue, en este caso,
por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción
de la pena.
Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar
al Estado, indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados
o disturbios civiles.
ARTICULO 156.- No obligatoriedad
de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar,
está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la
comisión de un delito.
ARTICULO 157.-
Potestad legislativa y elección de diputados. La potestad legislativa
corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos
directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de
distritos electorales y lista nacional, para un período de cuatro años, pudiendo
ser reelectos.
Cada uno de los departamentos de la república, constituye un distrito
electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central, y los otros
municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala.
Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley
establece el número de diputados que correspondan a cada distrito en proporción
a la población. Un número equivalente al veinticinco por ciento de diputados
distritales será electo directamente como diputados por lista nacional.
En caso de falta definitiva de un diputado se
declarará vacante el cargo. Las vacantes se llenarán, según el caso, llamando al
postulante que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional a
continuación del último cargo adjudicado. ARTICULO 158.- Sesiones del Congreso. El período
anual de sesiones del congreso se inicia el catorce de enero de cada año,
sin necesidad de convocatoria. El congreso se reunirá en sesiones ordinarias
del catorce de enero al quince de mayo y del uno de agosto al treinta de noviembre
de cada año. Se reunirá en sesiones extraordinarias cuando sea convocado por
la Comisión Permanente o por el Organismo Ejecutivo para conocer los asuntos
que motivaron la convocatoria. Podrá conocer de otras materias con el voto
favorable de la mayoría absoluta del total de diputados que lo integran. El
veinticinco por ciento de diputados o más tiene derecho a pedir a la Comisión
Permanente la convocatoria del Congreso por razones suficientes de necesidad
o conveniencia pública. Si la solicitare por lo menos la mitad más uno del
total de diputados, la comisión permanente deberá proceder inmediatamente
a su convocatoria. ARTICULO 159.- Mayoría
para resoluciones. Las resoluciones del Congreso, deben tomarse con el voto
favorable de la mayoría absoluta de los miembros que lo integran, salvo los
casos en que la ley exija un número especial.
ARTICULO 160.-
Autorización a diputados para desempeñar otro cargo. Los diputados pueden
desempeñar el cargo de ministro o funcionario de Estado o de cualquier otra
entidad descentralizada o autónoma. En estos casos deberá concedérseles permiso
por el tiempo que duren en sus funciones ejecutivas. En su ausencia temporal,
será sustituido por el diputado suplente que corresponda.
ARTICULO 161.-
Prerrogativas de los diputados. Los diputados son representantes del pueblo
y dignatarios de la Nación; como garantía para el ejercicio de sus funciones
gozarán, desde el día que se les declare electos, de las siguientes
prerrogativas:
Todas las dependencias del Estado tienen la
obligación de guardar a los diputados las consideraciones derivadas de su alta
investidura. Estas prerrogativas no autorizan arbitrariedad, exceso de
iniciativa personal o cualquier orden de maniobra tendientes a vulnerar el
principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la
República. Sólo el Congreso será competente para juzgar y calificar si ha
habido arbitrariedad o exceso y para imponer las sanciones disciplinarias
pertinentes.
Hecha la declaración a que se refiere el inciso
a) de este artículo, los acusados quedan sujetos a la jurisdicción de juez
competente. Si se les decretare prisión provisional quedan suspensos en sus
funciones en tanto no se revoque el auto de prisión.
En caso de sentencia condenatoria firme, el
cargo quedará vacante.
ARTICULO 162.-
Requisitos para el cargo de diputado. Para ser electo diputado se requiere
ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. ARTICULO 163.- Junta
Directiva y Comisión Permanente. El Congreso elegirá, cada año, su Junta
Directiva. Antes de clausurar el período de sesiones ordinarias elegirá la
Comisión Permanente, presidida por el Presidente del Congreso, la cual
funcionará mientras el Congreso no esté reunido.
La integración y las atribuciones del Junta
Directiva y de la Comisión Permanente serán fijadas en la Ley de Régimen
anterior.
ARTICULO 164.- Prohibiciones y compatibilidades. No pueden ser diputados:
El cargo de diputado es compatible con el
desempeño de misiones diplomáticas temporales o especiales y con la
representación de Guatemala en congresos internacionales.
ARTICULO 165.- Atribuciones.
Corresponde al Congreso de la República:
Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse
con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados
que integran el congreso Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o
ministros interpelados, con cuarenta y ocho horas de anticipación. Ni el
Congreso en pleno, ni autoridad alguna, podrá limitar a los diputados al
Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas.
Cualquier diputado puede hacer las preguntas
adicionales que estime pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que
motiven la interpelación y de ésta podrá derivarse el planteamiento de un voto
de falta de confianza que deberá ser solicitado por cuatro diputados, por lo
menos, y tramitado sin demora, en la misma sesión o en una de las dos inmediatas
siguientes.
ARTICULO 167.- Efectos de
la interpelación. Cuando se planteare la interpelación de un ministro, éste
no podrá ausentarse del país, ni excusarse de responder en forma alguna.
Si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro,
aprobado por no menos de la mayoría absoluta del total de diputados al Congreso,
el ministro presentará inmediatamente su dimisión. El Presidente de la República
podrá aceptarla, pero si considera en Consejo de Ministros, que el acto o
actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y a la
política del gobierno, el interpelado podrá recurrir ante el Congreso dentro
de los ocho días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si no
lo hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el
cargo de ministro de Estado por un período no menor de seis meses.
Si el ministro afectado hubiese recurrido ante el
Congreso, después de oídas las explicaciones presentadas y discutido el asunto y
ampliada la interpelación, se votará sobre la ratificación de la falta de
confianza, cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras
partes que integran el total de diputados al Congreso. Si se ratificara el voto
de falta de confianza, se tendrá al ministro por separado de su cargo de
inmediato.
En igual forma, se procederá cuando el voto de
falta de confianza se emitiere contra varios ministros y el número no puede
exceder de cuatro en cada caso.
ARTICULO 168.- Asistencia de ministros, funcionarios y empleados al Congreso. Cuando para
el efecto sean invitados, los Ministros de Estado están obligados a asistir a
las sesiones del Congreso, de las comisiones y de los bloques legislativos. No
obstante, en todo caso podrán asistir y participar con voz en toda discusión
atinente a materias de su competencia. Podrá hacerse representar por los
Viceministros.
Todos los funcionarios y empleados públicos están
obligados a acudir e informar al Congreso, cuando éste o sus comisiones lo
consideren necesario. ARTICULO 169.-
Convocatoria a elecciones por el Congreso. Es obligación del Congreso, o en
su defecto de la Comisión Permanente, convocar sin demora a elecciones generales
cuando en la fecha indicada por la ley, el Tribunal Supremo Electoral no lo
hubiere hecho.
ARTICULO 170.-
Atribuciones específicas. Son atribuciones específicas del Congreso:
Las ventajas laborales del personal del
Organismo Legislativo, que se hubieren obtenido por ley, acuerdo interno,
resolución o por costumbre, no podrán ser disminuidas o
tergiversadas; Para que el Ejecutivo, la Banca Central o
cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de empréstitos u
otras formas de deudas, en el interior o en el exterior, será necesaria la
aprobación previa del Congreso, así como para emitir obligaciones de toda
clase; La consulta será convocada por el Tribunal Supremo
Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la
República, que fijarán con precisión la o las preguntas se someterán a los
ciudadanos.
"La ley constitucional electoral regulará lo
relativo a esta institución."
ARTICULO 174.- Iniciativa de
ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al
Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad
de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral.
ARTICULO 175.- Jerarquía
constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la
Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales
son nulas ipso jure.
Las leyes calificadas como constitucionales
requieren, para su reforma, el voto de las dos terceras partes del total de
diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de
Constitucionalidad.
ARTICULO 176.- Presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se
observará un procedimiento que prescribe la Ley Orgánica y de Régimen Interior
del Organismo Legislativo. Se pondrá a discusión en tres sesiones celebradas en
distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente
discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso
declare de urgencia nacional con el voto de las dos terceras partes del número
total de diputados que lo integran. ARTICULO 177.-
Aprobación, sanción y promulgación. Aprobado un proyecto de ley, la Junta
Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de diez días, lo
enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. ARTICULO 178.- Veto. Dentro de los quince días de recibido el
decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el Presidente de
la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime
pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas
parcialmente.
Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de
los quince días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado
y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los ocho días siguientes.
En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo
en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro
de los primeros ocho días del siguiente período de sesiones ordinarias. ARTICULO 179.- Primacía legislativa. Devuelto el decreto al Congreso,
la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del pleno en la siguiente
sesión, y el congreso, en un plazo no mayor de treinta días podrá reconsiderarlo
o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare
el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros el Ejecutivo
deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días
siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva
del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de tres días,
para que surta efecto como ley de la República. ARTICULO 180.-
Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional, ocho días
después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley
amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. ARTICULO 181.-
Disposiciones del Congreso. No necesitan de sanción del Ejecutivo, las
disposiciones del Congreso relativas a su Régimen Interior y las contenidas en
los artículos 165 y 170 de esta Constitución.
ARTICULO 182.- Presidencia de la República e integración del Organismo Ejecutivo. El
Presidente de la República es el Jefe del estado de Guatemala, y ejerce las
funciones del Organismo Ejecutivo por mandato del pueblo.
El Presidente de la República, actuará siempre con
los Ministros, en Consejo o separadamente con uno o más de ellos; es el
Comandante General del Ejército, representa la unidad nacional y deberá velar
por los intereses de toda la población de la República.
El Presidente de la República, juntamente con los
ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes integran el Organismo
Ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. ARTICULO 183.-
Funciones del Presidente de la República. Son funciones del Presidente de la
República: b) Proveer a la defensa y a la seguridad de la
Nación, así como a la conservación del orden público.
c) Ejercer el mando de la Fuerzas Armadas de la
Nación con todas las funciones y atribuciones respectivas.
d) Ejercer el mando superior de toda la fuerza
pública.
e) Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se
ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuvieren facultados por
la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto
cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu.
f) Dictar las disposiciones que sean necesarias en
los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al
Congreso en sus sesiones inmediatas.
g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de la
República. h) Ejercer el derecho de veto con respecto a las
leyes emitidas por el Congreso, salvo lo casos en que no sea necesaria la
sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución.
i) Presentar anualmente al Congreso de la
República, al iniciarse su período de sesiones, informe escrito sobre la
situación general de la República y de los negocios de su administración
realizados durante el año anterior.
j) Someter anualmente al Congreso, para su
aprobación con no menos de ciento veinte días de anticipación a la fecha en que
principiará el ejercicio fiscal, por medio del ministerio respectivo,
el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática, el detalle los ingresos y egresos del
Estado. Si el Congreso no estuviere reunido deberá celebrar sesiones
extraordinarias para conocer el proyecto. k) Someter a la consideración del Congreso para su
aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter
internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos.
l) Convocar al Organismo Legislativo a sesiones
extraordinarias cuando los intereses de la República lo demanden;
m) Coordinar en Consejo de Ministros la política de desarrollo de la Nación. n) Presidir el Consejo de Ministros y ejercer la
función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del Organismo
Ejecutivo.
ñ) Mantener la integridad territorial y la
dignidad de la Nación.
o) Dirigir la política exterior y las relaciones
internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de
conformidad con la Constitución.
p) Recibir a los representantes diplomáticos, así
como expedir y retirar el exequátur a los cónsules. q) Administrar la hacienda pública con arreglo a
la ley.
r) Exonerar de multas y recargos a los
contribuyentes que hubieren incurrido en ellas por no cubrir los impuestos
dentro de los términos legales por actos u omisiones en el orden administrativo.
s) Nombrar y remover a los Ministros de Estado,
Viceministros, Secretarios y Subsecretarios de la Presidencia, embajadores y
demás funcionarios que le corresponda conforme a la ley. t) Conceder jubilaciones, pensiones y montepíos de
conformidad con la ley.
u) Conceder condecoraciones a guatemaltecos y
extranjeros.
v) Dentro do los quince días siguientes de
concluido, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier
viaje que hubiere realizado fuera del territorio nacional y acerca de los
resultados del mismo. w) Someter cada cuatro meses al Congreso de la
República por medio del ministerio respectivo un informe analítico de la
ejecución presupuestaria, para su conocimiento y control. x) Todas las demás funciones que le asigne esta
constitución o la ley.
ARTICULO 184.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la República. El Presidente y
Vicepresidente de la República, serán electos por el pueblo para un período
improrrogable de cuatro años, mediante sufragio universal y secreto.
Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría
absoluta se procederá a segunda elección dentro de un plazo no mayor de sesenta
ni menor de cuarenta y cinco días, contados a partir de la primera y en día
domingo, entre los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías
relativas. ARTICULO 185.- Requisitos para optar a los cargos de Presidente o
Vicepresidente de la República. Podrán optar a cargo de Presidente o Vicepresidente
de la República, los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio
y mayores de cuarenta años.
ARTICULO 186.- Prohibiciones
para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República. No
podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República:
La reelección o la prolongación del período presidencial
por cualquier medio, son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se
pretenda ejercer será nulo.
ARTICULO 188.- Convocatoria a
elecciones y toma de posesión. La convocatoria a elecciones y la toma de
posesión del Presidente y del Vicepresidente de la República, se regirán por lo
establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
ARTICULO 189.- Falta temporal o
absoluta del Presidente de la República. En caso de falta temporal o
absoluta del Presidente de la República, lo sustituirá el Vicepresidente. Si la
falta fuere absoluta el Vicepresidente desempeñará la Presidencia hasta la
terminación del período constitucional; y en caso de falta permanente de ambos,
completará dicho período la persona que designe el Congreso de la República, con
el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados. ARTICULO 190.- Vicepresidente de
la República. El Vicepresidente de la República ejercerá las funciones de
Presidente de la República en los casos y forma que establece la Constitución.
ARTICULO 191.- Funciones del Vicepresidente. Son funciones del Vicepresidente de la
República:
ARTICULO 193.- Ministerios.
Para el despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo, habrá los ministerios
que la ley establezca, con las atribuciones y la competencia que la misma les
señale.
ARTICULO 194.- Funciones del
ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien
tendrá las siguientes funciones:
Los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución
y las leyes, aún en el caso de que obren por orden expresa del Presidente.
De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables
los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar
su voto adverso.
ARTICULO 196.- Requisitos para
ser ministro de Estado. Para ser ministro de Estado se requiere:
ARTICULO 198.- Memoria de actividades de los ministerios. Los ministros
están obligados a presentar anualmente al Congreso, en los primeros diez días
del mes de febrero de cada año, la memoria de las actividades de sus respectivos
ramos, que deberá contener además la ejecución presupuestaria de su ministerio.
ARTICULO 199.- Comparecencia
obligatoria a interpelaciones. Los ministros tienen la obligación de
presentarse ante el Congreso, con el objeto de contestar las interpelaciones que
se les formule.
ARTICULO 200.- Viceministros de
Estado. En cada Ministerio de Estado habrá un viceministro. Para ser
viceministro se requieren las mismas calidades que para ser ministro.
Para la creación de plazas adicionales de viceministros
será necesaria la opinión favorable del Consejo de Ministros.
ARTICULO 201.- Responsabilidad
de los ministros y viceministros. Los ministros y viceministros de Estado
son responsables de sus actos, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 195
de esta Constitución y lo que determina la Ley de Responsabilidades.
ARTICULO 202.- Secretarios de la
Presidencia. El Presidente de la República tendrá los secretarios que sean
necesarios. Las atribuciones de éstos serán determinadas por la ley.
Los secretarios General y Privado de la Presidencia de
la República, deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser
ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades.
ARTICULO 203.- Independencia del
Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de
conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los
tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los
juzgados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el
auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el
ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la
República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del
Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código
Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con
exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás
tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la
administración de justicia.
ARTICULO 204.- Condiciones
esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en
toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la
Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.
ARTICULO 205.- Garantías
del Organismo Judicial. Se instituyen como garantías del Organismo Judicial,
las siguientes:
Corresponde a esta última la competencia en
relación a los otros magistrados y jueces.
ARTICULO 207.- Requisitos
para ser magistrado o juez. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos
de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos
ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la le y
establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces
de jurisdicción privativa y jueces menores.
La ley fijará el número de magistrados, así como
la organización y funcionamiento de los tribunales y los procedimientos que
deban observarse, según la materia de que se trate.
La función de magistrado o juez es incompatible
con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos y partidos
políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
prestarán ante el Congreso de la República, la protesta de administrar pronta y
cumplida justicia. Los demás magistrados y jueces, la prestarán ante la Corte
Suprema de Justicia.
ARTICULO 208.- Período de
funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su
categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus funciones cinco
años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos.
Durante ese período no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y
con las formalidades que disponga la ley.
ARTICULO 209.-
Nombramiento de jueces y personal auxiliar. Los jueces, secretarios y
personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia.
Se establece la carrera judicial. Los ingresos,
promociones y ascenso se harán mediante oposición. Una ley regulará esta
materia.
ARTICULO 210.- Ley de
Servicio Civil del Organismo Judicial. Las relaciones laborales de los
funcionarios y empleados del Organismo Judicial, se normarán por su Ley de
Servicios Civil.
Los jueces y magistrados no podrán ser separados,
suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las
garantías previstas en la ley.
ARTICULO 211.- Instancias
en todo proceso. En ningún proceso habrá más de dos instancias y el
magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá
conocer en la otra ni en casación, en el mismo asunto, sin incurrir en
responsabilidad.
Ningún tribunal o autoridad puede conocer de
procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley.
ARTICULO 212.-
Jurisdicción específica de los tribunales. Los tribunales comunes conocerán
de todas las controversias de derecho privado en las que el Estado, el municipio
o cualquier otra entidad descentralizada o autónoma actúe como parte.
ARTICULO 213.-
Presupuesto del Organismo Judicial. Es atribución de la Corte Suprema de
Justicia formular el presupuesto del Ramo; para el efecto, se le asigna una
cantidad no menor del dos por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del
Estado, que deberá entregarse a la Tesorería del Organismo Judicial cada mes en
forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente.
Son fondos privativos del Organismo Judicial los
derivados de la Administración de Justicia y su inversión corresponde a la Corte
Suprema de Justicia. El Organismo Judicial deberá publicar anualmente su
presupuesto programático y deberá informar al Congreso de la República cada
cuatro meses acerca de los alcances y de la ejecución analítica del mismo.
ARTICULO 214.-
Integración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de
Justicia se integra con trece magistrados, incluyendo a su Presidente, y se
organizará en las cámaras que la ley determine. Cada cámara tendrá su
presidente.
El Presidente del Organismo Judicial lo es también
de la Corte Suprema de Justicia y su autoridad, se extiende a los tribunales de
toda la República.
En caso de falta temporal del Presidente del
Organismo Judicial o cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer, en
determinados casos, lo sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de
Justicia en el orden de su designación. ARTICULO 215.- Elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia serán electos por el congreso de la República para un
período de cinco años, de una nómina de veintiseis candidatos propuestos por una
comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las
universidades del país, que la preside, los decanos de las facultades de Derecho
o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número
equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos
por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a
que se refiere el artículo 217 de esta Constitución.
La elección de candidatos requiere del voto de por
lo menos las dos terceras partes de los miembros de la comisión.
En las votaciones tanto para integrar la Comisión
de Postulación para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará
ninguna representación.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
elegirán, entre sus miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes,
al presidente de la misma, el que durará en sus funciones un año y no podrá ser
reelecto durante ese período de la Corte. ARTICULO 216.- Requisitos para
ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electo magistrado
de la Corte Suprema de Justicia, se requiere, además de los requisitos previstos
en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de cuarenta años, y haber
desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de apelaciones o de
los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la
profesión de abogado por más de diez años.
ARTICULO 217.-
Magistrados. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los
tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría, se
requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de
treinta y cinco años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por
más de cinco años la profesión de abogado.
Los magistrados titulares a que se refiere este artículo
serán electos por el Congreso de la República, de una nómina que contenga
el doble del número a elegir propuesta por una comisión de postulación integrada
por un representante de los rectores de las Universidades del país, quien
la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas
y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de miembros
electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia.
La elección de candidatos requiere el voto de por
lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.
En las votaciones tanto para integrar la Comisión de
Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará
ninguna representación. ARTICULO 218.- Integración
de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones se integra con el número
de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la que también fijará su
sede y jurisdicción.
ARTICULO 219.- Tribunales
militares. Los tribunales militares conocerán de los delitos o faltas
cometidos por los integrantes del Ejército de Guatemala.
Ningún civil podrá ser juzgado por tribunales
militares.
ARTICULO 220.- Tribunales
de Cuentas. La función judicial en materia de cuentas será ejercida por los
jueces de primera instancia y el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas.
Contra las sentencias y los autos definitivos de
cuentas que pongan fin al proceso en los asuntos de mayor cuantía, procede el
recurso de casación. Este recurso es inadmisible en los procedimientos
económico-coactivos.
ARTICULO 221.- Tribunal de
lo Contencioso-Administrativo. Su función es de controlar de la juridicidad
de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de
contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades
descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias
derivadas de contratos y concesiones administrativas.
Para ocurrir a este Tribunal, no será necesario
ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas
situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa
corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al
Fisco se demoró en virtud del recurso.
Contra las resoluciones y autos que pongan fin al
proceso, puede interponerse el recurso de casación.
ARTICULO 222.- Magistrados suplentes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán
suplidos por los magistrados de los tribunales a que se refiere el Artículo 217
de esta Constitución. Conforme lo disponga la Ley del Organismo Judicial siempre
que reúnan los mismos requisitos de aquellos
Los magistrados de los tribunales a que se refiere
el Artículo 217 de esta Constitución tendrán como suplentes a los magistrados
que con tal categoría haya electo el congreso de la República.
Los magistrados suplentes serán electos en la
misma oportunidad y forma que los titulares y de la misma nómina.
ARTICULO 223.- Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas.
El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones
políticas y sólo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley
determinen.
Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los
derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales
y proceso electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia.
Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda
prohibido al Presidente de la República, a los funcionarios de Organismo
Ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda
respecto de las obras y actividades realizadas.
ARTICULO 224.- División
administrativa. El territorio de la República, se divide para su
administración en departamentos y éstos en municipios.
La administración será descentralizada y se
establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y
culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un
impulso racionalizado al desarrollo integral del país.
Sin embargo, cuando así convenga a los intereses
de la Nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país,
estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier
otro sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal.
ARTICULO 225.- Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la organización y coordinación
de la administración pública, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y
Rural coordinado por el Presidente de la República e integrado en la forma que
la ley establezca.
Esta Consejo tendrá a su cargo la formulación de
las políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento
territorial.
ARTICULO 226.- Consejo
Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Las regiones que conforme a la ley se
establezcan contarán con un Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural,
presidido por un representante del Presidente de la República e integrado por
los gobernadores de los departamentos que forman la región, por un representante
de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos incluidos en
la misma y por los representantes de las entidad es públicas y privadas que la
ley establezca.
Los presidentes de estos consejos integrarán ex
oficio el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.
ARTICULO 227.-
Gobernadores. El gobierno de los departamentos estará a cargo de un
gobernador nombrado por el Presidente de la República, deberá reunir las misma s
calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que éste,
debiendo haber estado domiciliado durante los cinco años anteriores a su
designación en el departamento para el que fuere nombrado.
ARTICULO 228.- Consejo
departamental. En cada departamento habrá un Consejo Departamental que
presidirá el gobernador; estará integrado por los alcaldes de todos los
municipios y representantes de los sectores público y privado organizados, con
el fin de promover el desarrollo del departamento.
ARTICULO 229.- Aporte
financiero del gobierno central a los departamentos. Los consejos regionales
y departamentales, deberán de recibir el apoyo financiero necesario para su
funcionamiento del Gobierno Central.
ARTICULO 230.- Registro
General de la Propiedad. El Registro General de la Propiedad, deberá ser
organizado a efecto de que en cada departamento o región, que la ley específica
determine, se establezca su propio registro de la propiedad y el respectivo
catastro fiscal.
ARTICULO 231.- Región
metropolitana. La ciudad de Guatemala como capital de la República y su área
de influencia urbana, constituirán la región metropolitana, integrándose en la
misma el Consejo Regional de Desarrollo respectivo.
Lo relativo a su jurisdicción territorial,
organización administrativa y participación financiera del Gobierno Central,
será determinado por la ley de la materia.
ARTICULO 232.- Contraloría
General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución
técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y
en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los
municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier
persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas.
También están sujetos a esta fiscalización los
contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del
Estado, invierta o administre fondos públicos.
Su organización, funcionamiento y atribuciones
serán determinados por la ley.
ARTICULO 233.-
Elección del Contralor General de Cuentas. El jefe de la Contraloría General
de Cuentas, será electo para un período de cuatro años, por el Congreso de la
República, por mayoría absoluta de diputados que conformen dicho Organismo. Sólo
podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos de negligencia,
delito y falta de idoneidad. Rendirá informe de su gestión al Congreso de la
República, cada vez que sea requerido y de oficio dos veces al año. Gozará de
iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones. En ningún
caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto.
El Congreso de la República hará la elección a que
se refiere este Artículo de una nómina de seis candidatos propuestos por una
comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las
Universidades de país, quien la preside, los Decanos de las Facultades que
incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada Universidad del
país y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General
del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de
Empresas.
Para la elección de candidatos se requerirá el voto de
por lo menos las dos terceras partes de los miembros de dicha Comisión.
En las votaciones, tanto para integrar la Comisión de
Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará
ninguna representación. ARTICULO 234.- Requisitos del Contralor General de Cuentas. Requisitos del Contralor
General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas será el jefe de la
Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de cuarenta años, guatemalteco,
contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional,
estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en
materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos diez años. ARTICULO 235.- Facultades
del Contralor General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas tiene la
facultad de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas
dependencias de la Contraloría y para nombrar interventores en los asuntos de
competencia, todo ellos conforme a la Ley de Servicio Civil.
ARTICULO 236.- Recursos
legales. Contra los actos y las resoluciones de la Contraloría General de
Cuentas, proceden los recursos judiciales y administrativos que señala la ley.
ARTICULO 237.-
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. El Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal,
de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación
de todos los ingresos a obtener y los gastos por realizar.
La unidad del presupuesto es obligatoria y su
estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo
común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos.
Los organismos, las entidades descentralizadas y las
autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos cuando la ley así
lo establezca. Sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al Organismo
Ejecutivo y al Congreso de la República, para su conocimiento e integración
al Presupuesto General; y además, estarán sujetos a los controles y fiscalización
de los organismos correspondientes del Estado. La ley podrá establecer otros
casos de dependencias del Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma
privativa para asegurar su eficiencia. El incumplimiento de la presente disposición
es punible y son responsables personalmente los funcionarios bajo cuya dirección
funcionen las dependencias.
No podrán incluirse en el Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado gastos confidenciales o gasto alguno que no deba
ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Esta disposición es
aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, institución, empresa o
entidades descentralizada o autónoma.
El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado y su ejecución analítica son documentos públicos, accesibles a cualquier
ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto el Ministerio de Finanzas
Públicas dispondrá que copias de los mismos obren en la Biblioteca Nacional, en
el Archivo General de Centro América y en las Bibliotecas de las Universidades
del país. En igual forma deberán proceder los otros organismos del Estado y las
entidades descentralizadas y autónomas que manejen presupuesto propio. Incurrirá
en responsabilidad penal el funcionario público que de cualquier manera impida o
dificulte la consulta.
Los Organismos o entidades estatales que dispongan
de fondos privativos están obligados a publicar anualmente con detalle el origen
y aplicación de los mismos, debidamente auditado por la Contraloría General de
Cuentas. Dicha publicación deberá hacerse en el Diario Oficial dentro de los
seis meses siguientes a la finalización de cada ejercicio fiscal. ARTICULO 238.-
Ley Orgánica del Presupuesto. La Ley Orgánica del Presupuesto regulará:
Regulará específicamente los casos en los que
algunos funcionarios, excepcionalmente y por ser necesario para el servicio
público, percibirán gastos de representación.
Quedan prohibidas cualesquiera otras formas de
remuneración y será personalmente responsable quien las autorice; Cuando se contrate obra o servicio que abarque
dos o más años fiscales, deben provisionarse adecuadamente los fondos
necesarios para su terminación en los presupuestos
correspondientes. ARTICULO 239.- Principio
de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República,
decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones
especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y
justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente
las siguientes:
ARTICULO 240.-
Fuente de inversiones y gastos del Estado. Fuente de inversiones y gastos
del Estado. Toda ley que implique inversiones y gastos del Estado, debe indicar
la fuente de dónde se tomarán los fondos destinados a cubrirlos.
Si la inversión o el gasto, no se encuentran
incluidos e identificados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado aprobado para el ejercicio fiscal respectivo, el Presupuesto no podrá
ampliarse por el Congreso de la República sin la opinión favorable del Organismo
Ejecutivo.
Si la opinión del Organismo Ejecutivo fuere
desfavorable, el Congreso de la República sólo podrá aprobar la ampliación con
el voto de por lo menos las dos terceras partes del número total de diputados
que lo integran. ARTICULO 241.- Rendición
de cuentas del Estado. El Organismo Ejecutivo presentará anualmente al
Congreso de la República la rendición de cuentas del Estado.
El ministerio respectivo formulará la liquidación del presupuesto
anual y la someterá a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro
de los tres primeros meses de cada año. Recibida la liquidación la Contraloría
General de Cuentas rendirá informe y emitirá dictamen en un plazo no mayor
de dos meses, debiendo remitirlos al Congreso de la República, el que aprobará
o improbará la liquidación.
En caso de improbación, el Congreso de la República
deberá pedir los informes o explicaciones pertinentes y si fuere por causas
punibles se certificará lo conducente al Ministerio Público.
Aprobada la liquidación del presupuesto, se publicará en
el Diario Oficial una síntesis de los estados financieros del Estado.
Los organismos, entidades descentralizadas o autónomas
del Estado, con presupuesto propio, presentarán al Congreso de la República en
la misma forma y plazo, la liquidación correspondiente, para satisfacer el
principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado.
ARTICULO 242.- Fondo de garantía. Con el fin de financiar
programas de desarrollo económico y social que realizan las organizaciones
no lucrativas del sector privado, reconocidas legalmente en el país, el Estado
constituirá un fondo específico de garantía de sus propios recursos, de entidades
descentralizadas o autónomas, de aportes privados o de origen internacional.
Una ley regulará esta materia.
ARTICULO 243.- Principio de
capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para
el efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de
capacidad de pago.
Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o
múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación, cuando un mismo
hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo, es gravado dos o más veces,
por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o período de
imposición.
Los casos de doble o múltiple tributación al ser
promulgada la presente Constitución, deberán eliminarse progresivamente, para no
dañar al fisco.
ARTICULO 244.- Integración,
organización y fines del Ejército. El Ejército de Guatemala, es una
institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de
Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y
exterior.
Es único e indivisible, esencialmente profesional,
apolítico, obediente y no deliberante.
Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar.
Su organización es jerárquica y se basa en los
principios de disciplina y obediencia.
ARTICULO 245.- Prohibición de
grupos armados ilegales. Es punible la organización y funcionamiento de
grupos armados no regulados por las leyes de la República y sus reglamentos.
ARTICULO 246.- Cargos y
atribuciones del Presidente en el Ejército. El Presidente de la República es
el Comandante General del Ejército e impartirá sus órdenes por conducto del
oficial general o coronel o su equivalente en la Marina de Guerra, que
desempeñe el cargo de Ministro de la Defensa Nacional.
En ese carácter tiene las atribuciones que le
señale la ley y en especial las siguientes:
ARTICULO 248.-
Prohibiciones. Los integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo,
no pueden ejercer el derecho de sufragio, ni el derecho de petición en materia
política. Tampoco pueden ejercer el derecho de petición en forma colectiva .
ARTICULO 249.- Cooperación del
Ejército. El Ejército prestará su cooperación en situaciones de emergencia o
calamidad pública.
ARTICULO 250.- Régimen legal del
Ejército. El Ejército de Guatemala se rige por lo preceptuado en la
Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares.
ARTICULO 251.- Ministerio Público. El ministerio Público es una institución auxiliar
de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos
fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.
Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica.
El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General
y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado
colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia y será nombrado por el Presidente de la República de una nómina
de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por
el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos
de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades
del País, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios
de Guatemala y el Presidente del Tribunal de Honor de dicho Colegio.
Para la elección de candidatos se requiere el voto de por
lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.
En las votaciones, tanto para integrar la Comisión
de Postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará
ninguna representación.
El Fiscal General durará cuatro años en el
ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la República
podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. ARTICULO 252.- Procuradoría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función
de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y
funcionamiento se regirá por su ley orgánica.
El Procurador General de la Nación ejerce la
representación del estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación.
Será nombrado por el Presidente de la República, quien podrá removerlo por causa
justificada debidamente establecida.
Para ser Procurador General de la Nación se
necesita ser abogado colegiado y tener las mismas calidades correspondientes a
magistrado de Corte Suprema de Justicia.
El Procurador General de la Nación durará cuatro
años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e
inmunidades que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
ARTICULO 253.- Autonomía Municipal. Los
municipios de la República de Guatemala, son instituciones autónomas. ARTICULO 254.- Gobierno municipal. El gobierno municipal será ejercido por un Consejo, el
cual se integra con el alcalde los síndicos y concejales, electos directamente
por sufragio universal y secreto para un período de cuatro años, pudiendo ser
reelectos. ARTICULO 255.- Recursos
económicos del municipio. Las corporaciones municipales deberán procurar el
fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder
realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios.
La captación de recursos deberá ajustarse al principio
establecido en el artículo 239 de esta Constitución, a la ley y a las
necesidades de los municipios.
ARTICULO 256.-
Clasificación de las municipalidades. ARTICULO 257.- Asignación
para las municipalidades. El Organismo Ejecutivo incluirá anualmente en el
Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, un diez por ciento del
mismo para las Municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido
en la forma que la ley determine, y destinado por lo menos en un noventa por
ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de
infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de vida de los
habitantes. El diez por ciento restante podrán utilizarlo para financiar gastos
de funcionamiento.
Queda prohibida toda asignación adicional dentro
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para las
municipalidades, que no provenga de la distribución de los porcentajes que por
ley les corresponda sobre impuestos específicos.
ARTICULO 258.- Derecho de
antejuicio de los alcaldes. Los alcaldes no podrán ser detenidos ni
enjuiciados, sin que preceda declaración de autoridad judicial competente de que
ha lugar a formación de causa, salvo el caso de flagrante delito.
ARTICULO 259.- Juzgado de Asuntos Municipales. Para la ejecución de
sus ordenanzas y el cumplimiento de sus disposiciones las municipalidades
podrán crear, de conformidad con la ley, su Juzgado de Asuntos Municipales
y su Cuerpo de Policía de acuerdo con sus recursos y necesidades, los que
funcionarán bajo órdenes directas del alcalde.
ARTICULO 260.- Privilegios y
garantías de los bienes municipales. Los bienes, rentas arbitrios y tasas
son propiedad exclusiva del municipio y gozarán de las mismas garantías y
privilegios de la propiedad de Estado.
ARTICULO 261.- Prohibiciones de eximir tasas o arbitrios municipales.
Ningún organismo del Estado está facultado para eximir de tasas o arbitrios
municipales a personas individuales o jurídicas, salvo las propias municipalidades
y lo que al respecto establece esta Constitución.
ARTICULO 262.- Ley de Servicio
Municipal. Las relaciones laborales de los funcionarios y empleados de las
municipalidades, se normarán por la Ley de Servicio Municipal.
ARTICULO 263.- Derecho a la exhibición personal. Quien se
encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del
goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere
vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho
a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con
el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los
vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto.
Si el tribunal decretare la libertad de la persona
ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar.
Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue
pertinente, la exhibición reclamada se practicará en e lugar donde se encuentre
el detenido, sin previo aviso ni notificación.
Es ineludible la exhibición personal del detenido en
cuyo favor se hubiere solicitado.
ARTICULO 264.- Responsabilidades
de los infractores. Las autoridades que ordenen el ocultamiento del detenido
o que se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo, o que en cualquier forma
burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores, incurrirán en el delito
de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley.
Si como resultado de las diligencias practicadas no se
localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición, el tribunal de
oficio, ordenará inmediatamente la pesquisa del caso, hasta su total
esclarecimiento.
ARTICULO 265.- Procedencia del
amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra
las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los
mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea
susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones,
disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o
violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.
ARTICULO 266.-
Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos
concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier
instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán
plantear como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o
parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto.
ARTICULO 267.-
Inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Las acciones en
contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan
vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearán directamente ante e
l Tribunal o Corte de Constitucionalidad.
ARTICULO 268.- Función esencial
de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un
tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la
defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con
independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas
que le asigna la Constitución y la ley de la materia.
La independencia económica de la Corte de
Constitucionalidad, será garantizada con un porcentaje de los ingresos que
correspondan al Organismo Judicial.
ARTICULO 269.- Integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte
de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares, cada uno
de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de
inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso
de la República, el Presidente o el Vicepresidente de la República, el número
de sus integrantes se elevará a siete, escogiéndose los otros dos magistrados
por sorteo de entre los suplentes.
Los magistrados durarán en sus funciones cinco
años y serán designados en la siguiente forma:
La instalación de la Corte de constitucionalidad se hará
efectiva noventa días después que la del Congreso de la República.
ARTICULO 270.- Requisitos de los
magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Para ser magistrado de la
Corte de Constitucionalidad, se requiere llenar los siguientes requisitos:
ARTICULO 271.- Presidencia de la
Corte de Constitucionalidad. La Presidencia de la Corte de
Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que a
integran, en forma rotativa, en período de un año, comenzando por el de mayor
edad y siguiendo en orden descendente de edades.
ARTICULO 272.- Funciones de la
Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las
siguientes funciones:
ARTICULO 273.- Comisión de Derechos Humanos y Procurador de la Comisión.
El Congreso de la República designará una Comisión de Derechos Humanos formada
por un diputado por cada partido político representado en el correspondiente
período. Esta Comisión propondrá al Congreso tres candidatos para la elección
de un Procurador, que deberá reunir las calidades de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas
de los diputados al Congreso. La ley regular á las atribuciones de la Comisión
y del Procurador de los Derechos Humanos a que se refiere este Artículo.
ARTICULO 274.- Procurador de los Derechos Humanos. El procurador
de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para
la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades
de supervisar la administración; ejercerá su cargo por un período de cinco
años, y rendirá informe anual al pleno del Congreso, con el que se relacionará
a través de la Comisión de Derechos Humanos.
ARTICULO 275.-
Atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los
Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones:
ARTICULO 276.- Ley
Constitucional de la materia. Una ley constitucional desarrollará lo
relativo al amparo, a la exhibición personal a la constitucionalidad de las
leyes.
ARTICULO 277.- Iniciativa para proponer reformas a la Constitución:
ARTICULO 278.- Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar
éste o cualquier artículo de los contenidos en el Capítulo I del Título II
de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con
el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que lo integran,
convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria
señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y se comunicará
al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en qu e se llevarán a
cabo las elecciones dentro del plazo máximo de ciento veinte días, procediéndose
en lo demás conforme a la Ley Electoral Constitucional.
ARTICULO 279.- Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente.
La Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República podrán funcionar
simultáneamente. Las calidades requeridas para ser diputado a la Asamblea
Nacional Constituyente son las mismas que se exigen para ser Diputado al Congreso
y los diputados constituyentes gozarán de iguales inmunidades y prerrogativas.
No se podrá simultáneamente ser diputado a la
Asamblea Nacional Constituyente y al Congreso de la República.
Las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional
Constituyente, el número de diputados a elegir y las demás cuestiones
relacionadas, con el proceso electoral se normarán en igual forma que las
elecciones al Congreso de la República.
ARTICULO 280.- Reformas
por el Congreso y consulta popular. Para cualquier otra reforma
constitucional, será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el
voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados. Las reformas
no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta
popular a que ser refiere el artículo 173 de esta Constitución.
Si el resultado de la consulta popular fuere de
ratificación de la reforma, ésta entrará en vigencia sesenta días después que el
Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta.
ARTICULO 1.- Ley de
Servicio del Organismo Legislativo. La ley específica que regule las
relaciones del Organismo Legislativo con su personal, deberá ser emitida dentro
de los treinta días siguientes a la instalación de dicho Organismo.
ARTICULO 2.- Juzgados menores. Ninguna autoridad municipal desempeñará
funciones judiciales, por lo que en un plazo no mayor de dos años a partir
de la vigencia de esta Constitución, deberán desligarse de las municipalidades
del país los juzgados menores y el Organismo Judicial nombrará a las autoridades
específicas, regionalizando y designando jueces en donde corresponda. Dentro
de ese plazo deberán dictarse las leyes y otras disposiciones necesarias para
el debido cumplimiento de este artículo.
ARTICULO 3.- Conservación
de la nacionalidad. Quienes hubieren obtenido la nacionalidad guatemalteca,
de origen o por naturalización, la conservarán con plenitud de derechos. El
Congreso de la República emitirá una ley relativa a la nacionalidad, a la
brevedad posible.
ARTICULO 4.- Gobierno de
facto. El Gobierno de la República, organizado de acuerdo con el Estatuto
Fundamental de Gobierno y sus reformas, conservará sus funciones hasta que tome
posesión la persona electa para el cargo de Presidente de la República.
El Estatuto Fundamental de Gobierno contenido en Decreto-Ley 24-82 de
fecha 27 de abril de 1982, 36-82 de fecha 9 de junio de 1982, 87-83 de fecha
8 de agosto de 1983 y demás reformas, continuarán en vigencia hasta el momento
de inicio de la vigencia de esta Constitución.
ARTICULO 5.- Elecciones
generales. El 3 de noviembre de 1985 se practicarán elecciones generales
para Presidente y Vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la
República y corporaciones municipales de todo el país, de acuerdo con lo
establecido por la Ley Electoral específica emitida por la Jefatura de Estado
para la celebración de dichas e lecciones generales.
Si fuere procedente, se efectuará una segunda
elección para Presidente y Vicepresidente de la República, el 8 de diciembre de
1985 con sujeción a la misma ley.
El Tribunal Supremo Electoral organizará dichos comicios y hará la
calificación definitiva de sus resultados, proclamando a los ciudadanos electos.
ARTICULO 6.- Congreso de
la República. La Asamblea Nacional Constituyente dará posesión de sus cargos
a los diputados declarados electos por el Tribunal Supremo Electoral el día 14
de enero de 1986.
Los diputados electos al Congreso de la República
celebrarán sesiones preparatorias de manera que en el mismo acto de toma de
posesión de sus cargos, tome posesión también la Junta Directiva del Congreso de
la República integrada en la forma que establece esta Constitución.
ARTICULO 7.- Disolución de la Asamblea Nacional Constituyente.
Una vez cumplido el mandato de dar posesión a los diputados electos al Congreso
de la República y quedar organizado el Congreso, el día 14 de enero de 1986,
la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala, electa el
1o. de julio de 1984, dará por terminadas sus funciones y por agotado su mandato
ese mismo día, procediendo a disolverse. Previamente a su disolución, examinará
sus cuentas y les concederá su aprobación.
ARTICULO 8.- Presidencia de la República. El Congreso de la
República, una vez instalado conforme a las normas precedentes, queda obligado
a dar posesión de su cargo a la persona declarada electa como Presidente de
la República por el Tribunal Supremo Electoral y lo cual hará en sesión solemne
que celebrará, a más tardar a las 16:00 horas del día 14 de enero de 1986.
En el mismo acto, el Congreso de la República dará posesión de su cargo a
la persona declarada electa por el Tribunal Supremo Elector al como Vicepresidente
de la República.
En las sesiones preparatorias del Congreso de la
República, elaborará y organizará el ceremonial necesario.
ARTICULO 9.-
Municipalidades. Las corporaciones municipales electas tomarán posesión de
sus cargos e iniciarán el período para el que fueran electas, el 15 de enero de
1986.
El Congreso de la República deberá emitir un nuevo
Código Municipal, la Ley de Servicio Municipal. Ley Preliminar de
Regionalización y un Código Tributario Municipal, ajustados a los preceptos
constitucionales, a más tardar, en el plazo de un año a contar de la instalación
del Congreso.
ARTICULO 10.- Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y demás funcionarios cuya designación corresponda
al Congreso de la República, por esta vez, serán nombrados y tomarán posesión
de sus cargos en el tiempo comprendido del 15 de enero de 1986 al 14 de febrero
del mismo año. Su período terminará en las fechas establecidas en esta Constitución
y la ley de Servicio Civil del Organismo Judicial.
Seis meses despúes de haber tomado posesión de sus
cargos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su
iniciativa de ley, deberán enviar al Congreso de la República el proyecto de ley
de integración del Organismo Judicial.
ARTICULO 11.- Organismo
Ejecutivo. Dentro del primer año de vigencia de esta Constitución, el
Presidente de la República, en ejercicio de su iniciativa de ley, deberá enviar
al Congreso de la República el proyecto de ley del Organismo Ejecutivo.
ARTICULO 12.-
Presupuesto. A partir del inicio de la vigencia de la Constitución, el
Gobierno de la República podrá someter al conocimiento del Congreso de la
República el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado puesto en
vigencia por el anterior gobierno. De no modificarse, continuará su vigencia
durante el ejercicio fiscal de 1986.
ARTICULO 13.- Asignación
para alfabetización. Se asigna a la alfabetización el uno por ciento del
Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, para erradicar el
analfabetismo de la población económica activa, durante los tres primeros
gobiernos originados de esta Constitución, asignación que se deducirá, en esos
períodos, del porcentaje establecido en e l artículo 91 de esta Constitución.
ARTICULO 14.- Comité
Nacional de Alfabetización. La aprobación de los presupuestos y programas de
alfabetización, la fiscalización y supervisión de su desarrollo, estarán a cargo
de un Comité Nacional de Alfabetización compuesto por los sectores público y
privado, la mitad más uno de sus miembros será del sector público. Una Ley de
Alfabetización será emitida por el Congreso de la República en los seis meses
siguientes a la vigencia de esta Constitución.
ARTICULO 15.- Integración
de Petén. Se declara de urgencia nacional, el fomento y desarrollo económico
del departamento de Petén, para su efectiva integración a la economía nacional.
La Ley determinará las medidas y actividades que tiendan a tales propósitos.
ARTICULO 16.-
Decretos-Leyes. Se reconoce la validez jurídica de los decretos-leyes
emanados del Gobierno de la República a partir del 23 de marzo de 1982, así como
a todos los actos administrativos y de gobierno realizados de conformidad con la
le y a partir de dicha fecha.
ARTICULO 17.-
Financiamiento a Partidos Políticos. Los partidos políticos gozarán de
financiamiento, a partir de las elecciones generales del 3 de noviembre de 1985,
el que será regulado por la Ley Electoral Constitucional.
ARTICULO 18.- Divulgación
de la Constitución. En el curso del año de su vigencia, esta Constitución
será ampliamente divulgada en lenguas Quiché, Mam, Cakchiquel y Kekchí.
ARTICULO 19.- Belice. El Ejecutivo queda facultado para realizar
las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala
respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo
definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento
de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución.
El gobierno de Guatemala promoverá relaciones
sociales, económicas y culturales con la población de Belice.
Para los efectos de nacionalidad, los beliceños de
origen quedan sujetos al régimen que esta Constitución establece para los
originarios de los países centroamericanos.
ARTICULO 20.-
Epígrafes. Los epígrafes que preceden a los artículos de esta Constitución,
no tienen validez interpretativa y no pueden ser citados con respecto al
contenido y alcances de las normas constitucionales.
ARTICULO 21.- Vigencia de la Constitución. La presente Constitución
Política de la República de Guatemala entrará en vigencia el día 14 de enero
de 1986 al quedar instalado el Congreso de la República y no pierde su validez
y vigencia pese a cualquier interrupción temporal derivada de situaciones
de fuerza.
Se exceptúan de la fecha de vigencia el presente
artículo y los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 17 y 20 de las disposiciones
transitorias y finales de esta Constitución, los cuales entrarán en vigor el 1o.
de junio de 1985.
ARTICULO 22.-
Derogatoria. Se derogan todas las Constituciones de la República de
Guatemala y reformas constitucionales decretadas con anterioridad a la presente,
así como cualesquiera leyes y disposiciones que hubieren surtido iguales
efectos.
ARTICULO 23. Para la adecuación del Congreso de la República
a las reformas constitucionales aprobadas en noviembre de 1993, se deberá
proceder de la manera siguiente:
ARTICULO 26.- A más tardar, dentro del plazo de dieciocho meses
a partir de la fecha de la vigencia de las presentes reformas, el Organismo
Ejecutivo, a fin de modernizar y hacer más eficiente la administración pública,
en ejercicio de su iniciativa de ley, deberá enviar al Congreso de la República
una iniciativa de ley que contenga la Ley del Organismo Ejecutivo.
ARTICULO 27. Con el
objeto de que las elecciones de los gobiernos municipales sean realizadas en una
misma fecha, conjuntamente con las elecciones presidenciales y de diputados, en
aquellos municipios cuyos gobiernos municipales tomaron posesión en junio de
1993 para un período de cinco años, las próximas elecciones lo serán para un
período que concluirá el 15 de enero del año 2,000.
Para tal efecto el Tribunal Supremo Electoral
deberá tomar las medidas pertinentes. Dado en el Salón de
Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, en la Ciudad de Guatemala, a los
treinta y un días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y
cinco.
SOLEMNEMENTE DECRETAMOS,
SANCIONAMOS Y PROMULGAMOS
LA SIGUIENTE:
CONSTITUCION POLITICA DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA
Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles
todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación;
éste siempre será admitido para su trámite. La pena
se ejecutará después de agotarse todos los recursos.
La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo,
da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por
los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará
su protección inmediata.
Los derechos adquiridos por
el ejercicio de las profesionales acreditadas por dichos títulos, deben ser
respetados y no podrán emitirse disposiciones de cualquier clase que los limiten
o restrinjan.
En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará
como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República
de Guatemala.
*Inciso agregado por Acuerdo Legislativo Nº
18-93.
ARTICULO 120.- Intervención de empresas que prestan
servicios públicos. El Estado podrá, en caso de fuerza mayor y por el tiempo
estrictamente necesario, intervenir las empresas que prestan servicios públicos
esenciales para la comunidad, cuando se obstaculizare su funcionamiento.
ARTICULO 122.- Reservas territoriales del Estado. El
Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de tres kilómetros a lo largo
de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas; de
doscientos metros alrededor de las orilla s de los lagos; de cien metros a cada
lado de las riberas de los ríos navegables; de cincuenta metros alrededor de las
fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones.
Los extranjeros necesitarán autorización
del ejecutivo, para adquirir en propiedad, inmuebles comprendidos en las
excepciones de los dos incisos anteriores. Cuando se trate de propiedades
declaradas como monumento nacional o cuando se ubiquen en conjuntos
monumentales, el Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenación.
Estos tres últimos miembros
durarán en sus funciones un año.
De
considerarse inoperante el funcionamiento de una entidad descentralizada, será
suprimida mediante el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de
la República.
Tal remisión será con fines de aprobación, cuando así lo disponga la ley;
ARTICULO 136.- Deberes y derechos
políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos:
ARTICULO 137.- Derecho de petición en materia política.
El derecho de petición en materia política, corresponde exclusivamente a los
guatemaltecos.
Además, en
el propio decreto, se convocará al Congreso, para que dentro del término de tres
días, lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso
estuviere reunido, deberá conocerlo inmediatamente.
ARTICULO 143.- Idioma oficial. El idioma oficial de
Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas, forman parte del patrimonio
cultural de la Nación.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
Si al
tiempo de su elección o posteriormente, el electo resultare incluido en
cualquiera de las prohibiciones contenidas en este artículo, se declarará
vacante su puesto, pero si fuera de los comprendidos en los literales a) y e)
podrá optar entre el ejercicio de esas funciones o el cargo de diputado. Es nula
la elección de diputado que recayere en funcionario que ejerza jurisdicción en
el distrito electoral que lo postula, o la hubiere ejercido tres meses antes de
la fecha en que se haya convocado a la elección.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
ARTICULO 166.- Interpelaciones a ministros. Los ministros de Estado, tienen la obligación
de presentarse al Congreso, a fin de contestar las interpelaciones que se les
formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieran a
asuntos diplomáticos u operaciones pendientes.
*Inciso reformado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Inciso reformado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
(j bis). Conceder condecoraciones propias del Congreso de la República, a guatemaltecos y
extranjeros.
*Inciso agregado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
ARTICULO 171.- Otras
atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso:
ARTICULO 172.- Mayoría
calificada. Aprobar antes de su ratificación, con el voto de las dos
terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, los tratados,
convenios o cualquier arreglo internacional, cuando:
ARTICULO
173.- Procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de
especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos
los ciudadanos.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por el Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y
las leyes.
*Inciso modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Inciso reformado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Inciso reformado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Inciso reformado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Inciso reformado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Inciso agregado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Inciso agregado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
ARTICULO 187.- Prohibición de reelección.
La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de Presidente
de la República por elección popular, o quien la haya ejercido por más de dos
años en sustitución del titular, no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso.
Será electo en la misma planilla con el Presidente de
la República, en idéntica forma y para igual período. El Vicepresidente deberá
reunir las mismas calidades que el Presidente de la República, gozará de iguales
inmunidades y tiene en el orden jerárquico del Estado, el grado inmediato
inferior al de dicho funcionario.
ARTICULO 192.- Falta
del Vicepresidente. En caso de falta absoluta del Vicepresidente de la
República o renuncia del mismo, será sustituido por la persona que designe el
Congreso de la República, escogiéndola de la terna propuesta por el Presidente
de la República; en tales el sustituto regirá hasta terminar el período con
igualdad de funciones y preeminencias.
*Inciso reformado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
ARTICULO 195.-
Consejo de Ministros y su responsabilidad. El Presidente, el Vicepresidente
de la República y los ministros de Estado, reunidos en sesión, constituyen el
Consejo de Ministros el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración
por el Presidente de la República, quien lo convoca y preside.
ARTICULO 197.- Prohibiciones para ser ministro de
Estado. No pueden ser ministros de Estado:
En ningún caso pueden los ministros actuar como apoderados de personas
individuales o jurídicas, ni gestionar en forma alguna negocios de particulares.
ARTICULO 206.- Derecho de antejuicio para magistrados y
jueces. Los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio en la
forma que lo determine la ley. El Congreso de la República tiene competencia
para declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente del
Organismo Judicial y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
No podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas de funcionamiento o de pago de la deuda pública.
*Inciso modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Inciso reformado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
Son
nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente
inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales
reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones
reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo
relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que
faciliten su recaudación.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
ARTICULO 247.- Requisitos para ser oficial del
Ejército. Para ser oficial del Ejército de Guatemala, se requiere ser
guatemalteco de origen u no haber adoptado en ningún tiempo nacionalidad
extranjera.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
Entre otras funciones les
corresponde:
Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y
reglamentos respectivos.
*Artículo modificado por Acuerdo Legislativo Nº 18-93.
*Artículo derogado por Acuerdo Legislativo Nº
18-93.
Simultáneamente con la designación del titular, se hará la
del respectivo suplente, ante el Congreso de la República.
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán
de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia.
El Procurador de los Derechos Humanos, de oficio o a instancia de
parte, actuará con la debida diligencia para que, durante el régimen de
excepción, se garanticen a plenitud los derechos fundamentales cuya vigencia no
hubiere sido expresamente restringida . Para el cumplimiento de sus funciones
todos los días y horas son hábiles.
En Cualquiera de los casos anteriores,
el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto
planteado.
ARTICULO 24. Para la adecuación de la Corte Suprema de
Justicia y los demás tribunales a que se refiere el Artículo 217 de esta
Constitución, la Contraloría General de Cuentas y del Ministerio Público a las
reformas constitucionales aprobadas, se procederá de la siguiente manera:
ARTICULO 25. Las disposiciones contenidas en los artículos 23 y 24 del
Capítulo Unico del Título VIII de esta Constitución son de caracter especial
y prevalecen sobre cualesquier otras de caracter general.
ROBERTO CARPIO NICOLLE,
Presidente alterno, Diputado por Lista
Nacional.
HECTOR ARAGON QUIÑONEZ,
Presidente alterno, Diputado por Distrito
Metropolitano.
RAMIRO DE LEON CARPIO,
Presidente alterno, Diputado por Lista
Nacional.
GERMAN SCHEEL MONTES,
Primer Secretario, Diputado por
Quetzaltenango.
JUAN ALBERTO SALGUERO CAMBARA,
Segundo Secretario, Diputado por Jutiapa.
TOMAS AYUSO PANTOJA,
Tercer Secretario, Diputado por Retalhuleu.
ANTONIO ARENALES FORNO,
Cuarto Secretario, Diputado por Distrito
Metropolitano.
JULIO LOWENTHAL FONCEA,
Quinto Secretario, Diputado por Lista
Nacional.
AIDA CECILIA MEJIA DE RODRIGUEZ,
Sexto Secretario, Diputado por Lista
Nacional.
CARLOS ARMANDO SOTO GOMEZ,
Diputado por Lista Nacional.
ALFONSO ALONSO BARILLAS,
Diputado por Lista Nacional.
JOSE FRANCISCO LOPEZ VIDAURRE,
Diputado por Lista Nacional.
ROBERTO ADOLFO VALLE VALDIZAN,
Diputado por Lista Nacional.
JORGE SKINNER KLEE,
Diputado por Lista Nacional.
TELESFORO GUERRA CAHN,
Diputado por Lista Nacional.
FERNANDO LINARES BELTRANENA,
Diputado por Lista Nacional.
MARIO TARACENA DIAZ-SOL,
Diputado por Lista Nacional.
CARLOS ROBERTO MOLINA MENCOS,
Diputado por Lista Nacional.
ROBERTO JUAN CORDON SCHWANK,
Diputado por Lista Nacional.
RUDY FUENTES SANDOVAL,
Diputado por Lista Nacional.
DANILO ESTUARDO PARRINELLO BLANCO,
Diputado por Lista Nacional.
RAFAEL ARRIAGA MARTINEZ,
Diputado por Lista Nacional.
AQUILES FAILLACE MORAN,
Diputado por Lista Nacional.
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE,
Diputado por Lista Nacional.
GRACIELA EUNICE LIMA SCHAUL,
Diputado por Lista Nacional.
JOSE ADAN HERRERA LOPEZ,
Diputado por Lista Nacional.
RENE ARENAS GUTIERREZ
Diputado por Lista Nacional.
LUIS ALFONSO LOPEZ,
Diputado por Lista Nacional.
PEDRO ADOLFO MURILLO DELGADO,
Diputado Distrito Metropolitano.
JOSE ALFREDO GARCIA SIEKAVIZZA,
Diputado Distrito Metropolitano.
LUIS ALFONSO CABRERA HIDALGO,
Diputado Distrito Metropolitano.
ANA CATALINA SOBERANIS REYES,
Diputado Distrito Metropolitano.
CARLOS ALFONSO GONZALES QUEZADA
Diputado Distrito Metropolitano.
GABRIEL LARIOS OCHAITA,
Diputado Municipios Guatemala.
RICHARD ALLAN SHAW ARRIVILLAGA,
Diputado Municipios Guatemala.
CARLOS BENJAMIN ESCOBEDO RODRIGUEZ,
Diputado Municipios Guatemala.
EDGAR DE LEON VARGAS,
Diputado Municipios Guatemala.
VICTOR HUGO GODOY MORALES,
Diputado Municipios Guatemala.
JOSE FRANCISCO GARCIA BAUER,
Diputado por Sacatepéquez.
JOSE ARMANDO VIDES TOBAR,
Diputado por Sacatepéquez.
ANDRES COYOTE PATAL,
Diputado por Chimaltenango.
JOSE ADALBERTO GONZALEZ LOPEZ,
Diputado por Chimaltenango.
EDGAR FRANCISCO GUDIEL LEMUS,
Diputado por El Progreso.
JULIO CESAR PIVARAL Y PIVARAL,
Diputado por El Progreso.
WALTERIO DIAZ LOZANO,
Diputado por Escuintla.
CESAR DE PAZ DE LEON,
Diputado por Escuintla.
JOAQUIN ARTURO LOPEZ ROCA,
Diputado por Escuintla.
MARCO ANTONIO ROJAS DE YAPAN,
Diputado por Santa Rosa.
EDGAR ROLANDO FIGUEREDO ARA,
Diputado por Santa Rosa.
WENCESLAO BAUDILLO ORDOÑES MOGOLLON,
Diputado por Sololá.
AFAEL TELLEZ GARCIA,
Diputado por Sololá.
GILBERTO RECINOS FIGUEROA,
Diputado por Quetzaltenango.
MIGUEL ANGEL VALLE TOBAR,
Diputado por Quetzaltenango.
MAURICIO QUIXTAN,
Diputado por Quetzaltenango.
MILTON ARNOLDO AGUIRRE FAJARDO,
Diputado por Zacapa.
ELDER VARGAS ESTRADA,
Diputado por Zacapa.
BOANERGES ELIXALEN VILLEDA MOSCOSO,
Diputado por Chiquimula.
JUAN CESAR GARCIA PORTILLO,
Diputado por Chiquimula.
JOSE SALVADOR CUTZ SOCH,
Diputado por Totonicapán.
FERMIN GOMEZ,
Diputado por Totonicapán.
ELIAN DARIO ACUÑA ALVARADO,
Diputado por Suchitepéquez.
CAMILO RODAS AYALA,
Diputado por Suchitepéquez.
MARCO VINICIO CONDE CARPIO,
Diputado por Retalhuleu.
MIGUEL ANGEL PONCIANO CASTILLO,
Diputado por San Marcos.
JORGE RENE GONZALEZ ARGUETA
Diputado por San Marcos.
VICTOR HUGO MIRANDA GODINEZ,
Diputado por San Marcos.
OSBERTO MOISES OROZCO GODINEZ,
Diputado por San Marcos.
RAMON ALVAREZ CAMPOLLO,
Diputado por San Marcos.
OCTAVIO ROBERTO HERRERA SOSA,
Diputado por Huehuetenango.
OSCAR LORENZO GARCIA,
Diputado por Huehuetenango.
ABEL MARIA ORDOÑEZ MARTINEZ,
Diputado por Huehuetenango.
MAURO FILIBERTO GUZMAN MORALES,
Diputado por Huehuetenango.
JORGE ANTONIO REYNA CASTILLO,
Diputado por Baja Verapaz.
ELDER GABRIEL SESAM PEREZ,
Diputado por Baja Verapaz.
FRANCISCO CASTELLANO LOPEZ,
Diputado por Petén.
GUILLERMO PELLECER ROBLES,
Diputado por Petén.
CARLOS ENRIQUE ARCHILA MARROQUIN,
Diputado por Izabal
AMILCAR OLIVERIO SOLIS GALVAN,
Diputado por Izabal
NERY DANILO SANDOVAL Y SANDOVAL,
Diputado por Jutiapa.
JOSE ROBERTO ALEJOS CAMBARA,
Diputado por Jutiapa.
JOSE RAUL SANDOVAL PORTILLO,
Diputado por Jutiapa.
ROLANDO AGAPITO SANDOVAL SANDOVAL,
Diputado por Jutiapa.
EDGAR ROLANDO LOPEZ STRAUB,
Diputado por Quiché.
SILVERIO DE LEON LOPEZ,
Diputado por Quiché.
JOSE FRANCISCO MONROY GALINDO,
Diputado por Quiché.
FRANCISCO WALDEMAR HIDALGO PONCE,
Diputado por Alta Verapaz.
ERIC MILTON QUIM CHEN,
Diputado por Alta Verapaz.
OLIVERIO GARCIA RODAS,
Diputado por Alta Verapaz.
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