TÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES
CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
Art. 5. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de
cualquier naturaliza, garantizándose a los brasileños y a
los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho
a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad,
en los siguientes términos:
-
el hombre y la mujer son iguales en derechos y obligaciones, en los términos
de esta Constitución;
-
Nadie está obligado a hacer o dejar de hacer alguna cosa sino en
virtud de ley;
-
Nadie será sometido a tortura ni a trato inhumano o degradante.
-
es libre la manifestación del pensamiento, quedando prohibido el
anonimato;
-
Queda asegurado el derecho de respuesta, proporcional al agravio, además
de la indemnización por daño material, moral o a la imagen.
-
Es inviolable la libertad de conciencia y de creencia, estado asegurado
el libre ejercicio de los cultos religiosos y garantizada, en la forma
de la ley, la protección de los locales de culto y sus liturgias;
-
Queda asegurada, en los términos de la ley, la prestación
de asistencia religiosa en las entidades civiles y militares de internamiento
colectivo;
-
Nadie será privado de derechos por motivo de creencia religiosa
o de convicción filosófica o política, salvo si las
invocara para eximirse de obligación legal impuesta a todos y rehusase
cumplir la prestación alternativa, fijada por ley;
-
es libre la expresión de la actividad intelectual, artística,
científica y de comunicación, sin necesidad de censura o
licencia;
-
Son inviolables la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de
las personas, asegurándose el derecho a indemnización por
el daño material o moral derivado de su violación;
-
La casa es asilo inviolable del individuo, no pudiendo penetrar nadie en
ella sin el consentimiento del morador, salvo en caso de flagrante delito
o desastre, o para prestar socorro, o, durante el día, por determinación
judicial;
-
Es inviolable el secreto de la correspondencia, de las comunicaciones telegráficas,
de las informaciones y de las comunicaciones telefónicas, salvo,
en el último caso, por orden judicial, en las hipótesis y
en la forma que la ley establezca para fines de investigación criminal
o instrucción penal;
-
Es libre el ejercicio de cualquier trabajo, oficio o profesión,
cumpliendo las calificaciones profesionales que la ley establezca;
-
Queda garantizados a todos el acceso a la información y salvaguardado
el secreto de las fuentes cuando sea necesario para el ejercicio profesional;
-
Es libre el desplazamiento en el territorio nacional en tiempo de paz,
pudiendo cualquier persona, en los términos de la ley, entrar en
él, permanecer o salir de él con sus bienes.
-
Todos pueden reunirse pacíficamente, sin armas, en locales abiertos
al público, sin necesidad de autorización, siempre que no
frustren otra reunión anteriormente convocada en el mismo local,
exigiéndose sólo a viso previo a la autoridad competente;
-
Es plena la libertad de asociación para fines lícitos, prohibiéndose
la de carácter paramilitar;
-
La creación de asociaciones y, en la forma de la ley, la de cooperativas
no dependen de autorización, quedando prohibida la interferencia
estatal en su funcionamiento;
-
Las asociaciones sólo podrán ser compulsivamente disueltas
o ser suspendidas en sus actividades por decisión judicial, exigiéndose,
en el primer caso, sentencia firme;
-
Nadie podrá ser obligado a asociarse o permanecer asociado;
-
Las entidades asociativas, cuando estén expresamente autorizadas,
están legitimadas para representar a sus afiliados judicial o extrajudicialmente;
-
se garantiza el derecho a la propiedad; XXIII la propiedad privada atenderá
su función social; XXIV la ley establecerá el procedimiento
para la expropiación por causa de necesidad o utilidad pública,
o por interé s social, mediante justa y previa indemnización
en dinero, salvo los casos previstos en esta Constitución;
-
en caso de inminente peligro público, la autoridad competente podrá
usar la propiedad particular asegurándose al propietario indemnización
posterior, si hubiese daño;
-
la pequeña propiedad rural, así definida en la ley, siempre
que sea trabajada por la familia, no será objeto de embargo por
el pago de deudas derivadas de su actividad productiva, debiendo regular
la ley los medios de financiar su desarrollo;
-
pertenece a los autores el derecho exclusivo de utilización, publicación
o reproducción de sus obras, siendo transmisible a los herederos
por el tiempo que la ley determine;
-
la ley asegurará a los autores de inventos industriales el privilegio
temporal para su utilización, así como la protección
de las creaciones industriales, de la propiedad de marcas, de los nombres
de empresas y de otros sig nos distintivos, teniendo en cuenta el interés
social y el desarrollo económico del País;
-
están asegurados, en los términos de la ley:
-
la protección de las participaciones individuales en obras colectivas
y de la reproducción de la imagen y voz humanas, incluso en las
actividades deportivas;
-
el derecho de los creadores, de los intérpretes y de las respectivas
representaciones sindicales y asociativas de fiscalización del aprovechamiento
económico de las obras que creasen o en las que participasen;
-
la ley asegurará a los autores de inventos industriales el privilegio
temporal para su utilización, así como la protección
de las creaciones industriales, de la propiedad de marcas, de los nombres
de empresas y de otros sig nos distintivos, teniendo en cuenta el interés
social y el desarrollo económico del País;
-
se garantiza el derecho a la herencia;
-
la sucesión de los bienes de extranjeros situados en el País
será regulada por la ley brasileña en beneficio del cónyuge
o de los hijos brasileños siempre que no les sea más favorable
la ley personal del `decujus';
-
el Estado promoverá, en la forma de la ley, la defensa del consumidor;
-
todos tienen derecho a recibir de los órganos públicos informaciones
de su interés particular, o de interés colectivo o general,
que serán facilitados en el plazo señalado en la ley, bajo
pena de responsabilid ad, salvo aquellas cuyo secreto sea imprescindible
para la seguridad de la sociedad y del Estado;
-
quedan garantizados a todos, sin necesidad del pago de tasas:
-
el derecho de petición ante los Poderes Públicos en defensa
de derechos o contra la ilegalidad o el abuso de poder ;
-
la obtención de certificaciones en oficinas públicas para
la defensa de derechos y el esclarecimiento de situaciones de interés
personal;
-
la ley no excluirá de la apreciación del Poder Judicial la
lesión o la amenaza de derechos;
-
la ley no perjudicará los derechos adquiridos, los actos jurídicos
perfectos ni la cosa juzgada;
-
no habrá juicios ni tribunales de excepción;
-
se reconoce la institución del jurado, con la organización
que la ley le dé, asegurándose:
-
la plenitud de la defensa;
-
el secreto de las votaciones;
-
la superioridad de los veredictos ;
-
la competencia para el enjuiciamiento de los delitos dolosos contra la
vida;
-
no hay delito sin ley anterior que lo defina, ni pena sin previa conminación
legal;
-
la ley penal no será retroactiva salvo para beneficiar al reo;
-
la ley castigará cualquier discriminación atentatoria contra
los derechos y libertades fundamentales;
-
la práctica del racismo constituye delito no susceptible de fianza
e imprescriptible, sujeto a penas de reclusión en los términos
de la ley;
-
la ley considerá delitos no afianzables y no susceptibles de indulto
o amnistía la práctica de la tortura, el tráfico ilícito
de estupefacientes y drogas afines, el terrorismo y los definidos como
delitos repugnantes , respondiendo de ellos los incitadores, los ejecutores
y los que pudiendo evitarlos se abstuvieran;
-
constituyen delito no afianzable e imprescindible las acciones de grupos
armados, civiles o militares, contra el orden institucional y el Estado
Democrático;
-
ninguna pena trascenderá de la persona del condenado, pudiendo extenderse
a los sucesores y ser ejecutadas contra ellos la obligación de reparar
el daño y la decisión de privació de bienes, en los
términos de l a ley, hasta el límite del valor del patrimonio
transmitido ;
-
la ley regulará la individualización de la pena y adoptará,
entre otras, las siguientes:
-
privación o restricción de libertad;
-
privación de bienes;
-
multa;
-
prestación social alternativa;
-
suspensión o privación de derechos;
-
no habrá penas
-
de muerte, salvo en caso de guerra declarada en los términos del
art. 84, XIX;
-
de carácter perpetuo;
-
de trabajos forzados;
-
de destierro;
-
crueles;
-
la pena será cumplida en establecimientos distintos, de acuerdo
con la naturaleza del delito, la edad y el sexo del penado;
-
esta asegurado a los presos el respeto a la integridad física y
moral;
-
se garantizarán las condiciones para que las condenadas puedan permanecer
con sus hijos durante el período de lactancia;
-
ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado,
en supuesto de delito común, practicado antes de la naturalización
o de comprobada vinculación en tráfico ilícito de
estupefacientes y dro gas afines, en la forma de la ley ;
-
No se concederá la extradición de extranjeros por delitos
políticos o de opinión;
-
nadie será procesado ni condenado sino por autoridad competente;
-
nadie será privado de la libertad o de sus bienes sin el debido
proceso legal;
-
Se garantiza a los litigantes, en el procedimiento judicial o administrativo,
ya los acusados en general, un proceso contradictorio y amplia defensa
con los medios y recursos inherentes a la misma.
-
Son inadmisibles en el proceso las pruebas obtenidas por medios ilícitos;
-
Nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia
penal condenatoria;
-
el identificado civilmente no será sometido a identificación
criminal, salvo en las hipótesis previstas en ley;
-
se admitirá la acción privada en los delitos de acción
pública cuando ésta no fuera ejercida en el plazo legal;
-
la ley sólo podrá restringir la publicidad de los actos procesales
cuando lo exigieran la defensa de la intimidad o el interés social;
-
nadie será detenido sino en flagrante delito o por orden escrita
y fundamentada de la autoridad judicial competente, salvo el de los casos
de transgresión militar o delito propiamente militar, definidos
en la ley;
-
la detención de cualquier persona y el lugar donde se encuentre
serán comunicados inmediatamente al juez competente y a la familia
del detenido o a la persona indicada por él;
-
el detenido será informado de sus derechos, entre ellos el de permanecer
callado, asegurándose la asistencia de la familia y de abogado ;
-
el detenido tiene derecho a la identificación de los responsables
de su detención o de su interrogatorio policial;
-
la detención ilegal será inmediatamente levantada por la
autoridad judicial;
-
nadie será llevado a prisión, ni mantenido en ella, cuando
la ley admitiere la libertad provisional, con o sin fianza;
-
no habrá prisión civil por deudas, salvo para los responsables
por el incuplimiento voluntario e inexcusable de la obligación de
alimentos y para los depositarios infieles;
-
Se concederá "habeas corpus" siempre que alguien sufriera o se creyera
amenazado de sufrir violencia o coacción en su libertad de locomoción,
por ilegalidad o abuso de poder;
-
Se concederá mandamiento de seguridad para proteger un derecho determinado
y cierto, no amparado por "habeas corpus" o "habeas data" cuando el responsable
por la ilegalidad o abuso de poder fuese una autoridad o un agente de persona
juríd ica en el ejercicio de atribuciones del Poder Público;
-
El mandamiento de seguridad colectivo puede ser imperado por:
-
un partido político con representación en el Congreso Nacional;
-
una organización sindical, entidad de clase o asociación
legalmente constituida y en funcionamiento desde hace un año por
lo menos, en defensa de los intereses de sus miembros o asociados;
-
Se concederá "mandato de injuncao" siempre que por falta de norma
reguladora, se torne inviable el ejercicio de los derechos y libertades
constitucionales y de las prerrogativas inherentes a la nacionalidad, a
la soberanía y a la ciudadan ía;
-
Se concederá "habeas data":
-
para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del
impetrante que consten en registros o bancos de datos de entidades gubernamentales
o de carácter público;
-
para la rectificación de datos, cuando no se prefiera hacerlo por
procedimiento secreto, judicial o administrativo;
-
cualquier ciudadano es parte legítima para proponer la acción
popular que pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio público
o de una entidad en que el Estado participe, para la moralidad administrativa,
para el medio ambiente o para el patrimonio histórico
y cultural, quedando el actor, salvo mala fe comprobada, exento de las
costas judiciales y de los gastos de sucumbencia ;
-
el Estado prestará asistencia jurídica íntegra y gratuita
a los que demuestren insuficiencia de recursos ;
-
El Estado indemnizará al condenado por error judicial así
como al que permaneciere en prisión más allá del tiempo
fijado en la sentencia;
-
nadie será llevado a prisión, ni mantenido en ella, cuando
la ley admitiere la libertad provisional, con o sin fianza;
-
son gratuitas las acciones de "habeas corpus" y "habeas data" y, en la
forma de la ley, los actos necesarios al ejercicio de la ciudadanía.
1o. Las normas definidoras de los derechos garantías fundamentales
son de aplicación inmediata.
2o. Los derechos y garantías expresadas en esta Constitución
no excluyen otros derivados del régimen y de los principios por
ella adoptados, o de los tratados internacionales en que la República
Federativa de Brasil s ea parte.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS SOCIALES
Art. 6. Son derechos sociales la educación, la salud, el
trabajo, el descanso, la seguridad, la previsión social, la proyección
de la maternidad.
Art. 7. Son Derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además
de otros que tiendan a la mejora de su condición social:
-
el contrato de trabajo protegido contra el despido arbitrario o sin justa
causa, en los términos de la ley complementaria que establecerá
indemnización compensatoria, entre otros derechos;
-
el seguro de desempleo, en caso de desempleo involuntario ;
-
el fondo de garantía del tiempo de servicio;
-
el salario mínimo, fijado en ley y unificado para toda la nación,
capaz de atender sus necesidades vitales básicas y las de su familia
como vivienda, alimentación, educación, salud, descanso,
vestido, higiene, transporte y seguridad social, con reajustes
periódicos que preserven el poder adquisitivo, quedando prohibida
su afectación a cualquier fin ;
-
el salario base proporcional a la extensión y a la complejidad del
trabajo;
-
irreductibilidad de salario, salvo lo dispuesto en convenio o acuerdo colectivo;
-
la garantía de un salario, nunca en la remuneración íntegra
o en el valor de la pensión de jubilación;
-
el décimo tercer salario en base en la remuneración íntegra
o el valor de la pensión de jubilación;
-
la remuneración del trabajo nocturno superior a la del diurno;
-
la protección del salario en la forma de la ley, constituyendo delito
su retención dolosa;
-
la participación en los beneficios, o resultados, desvinculada de
la remuneración, y excepcionalmente, participación en la
gestión de la empresa, conforme a lo señalado en la ley;
-
el salario familiar para sus dependientes;
-
La duración del trabajo normal no superior a ocho horas diarias
y a cuarenta y cuatro semanales, facultándose la compensación
de horarios y la reducción de jornada, mediante acuerdo o convenio
colectivo de trabajo;
-
la jornada de seis horas para el trabajo realizado en turnos ininterrumpidos
de alternancia, salvo negociación colectiva;
-
El descanso semanal remunerado, preferentemente en domingo;
-
La remuneración de horas extraordinarias superior, como mínimo,
en un cincuenta por ciento a las normales;
-
el disfrute de vacaciones anuales remuneradas, por lo menos con un tercio
más, que el salario normal;
-
la licencia de embarazo, sin perjuicio del empleo y, del salario, con una
duración de ciento veinte días;
-
la licencia de paternidad, en los términos fijados en la ley;
-
la protección del mercado de trabajo de la mujer mediante incentivos
específicos, en los términos de la ley;
-
el aviso previo proporcional al tiempo de servicio, siendo como mínimo
de treinta días, en los términos de la ley;
-
la reducción de riesgos inherentes al trabajo, por medio de normas
de salud, higiene y seguridad ;
-
la remuneración adicional para las actividades penosas, insalubres
o peligrosas, en la forma de la ley;
-
la jubilación;
-
la asistencia gratuita a los hijos y personas dependientes desde el nacimiento
hasta los seis años de edad en guardería y centros preescolares;
-
el reconocimiento de los convenios y acuerdos colectivos ;
-
la protección frente a la automatización, en la forma de
la ley;
-
el seguro contra accidentes de trabajo, a cargo del empleador, sin excluir
la indemnización a que este está obligado, cuando incurriese
en dolo o culpa;
-
la acción, en cuanto a los créditos resultantes de las relaciones
laborales, con plazo de prescripción de:
-
cinco años para el trabajador urbano, con el límite de dos
años después de la extinción del contrato;
-
hasta dos años después de la extinción del contrato
para el trabajador rural;
-
la prohibición de diferencias salariales, de ejercicio de funciones
y de criterios de admisión por motivos de sexo, edad, color o estado
civil;
-
la prohibición de cualquier discriminación, en lo referente
al salario y a criterios de admisión, del trabajador portador de
deficiencias;
-
la prohibición de distinción entre trabajo manual, técnico
e intelectual, o entre los profesionales respectivos;
-
la prohibición del trabajo nocturno, peligroso o insalubre a los
menores de dieciocho años y de cualquier trabajo a las menores de
catorce, salvo en condición de aprendiz;
-
la igualdad de derechos entre el trabajador con vínculo laboral
permanente y el trabajador eventual.
Párrafo único. Están aseguradas a la categoría
de los trabajadores domésticos los derechos previstos en los incisos
IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI y XXIV, así como su integración
en la seguridad social.
Art. 8. Es libre la asociación profesional o sindical,
observándose lo siguiente:
-
la ley no podrá exigir autorización del Estado para la fundación
de un sindicato, salvo el registro en el órgano competente, prohibiéndose
al poder público la intervención en la organización
sindical cal;
-
está prohibida la creación de más de una organización
sindical, en cualquier grado, representativa de una categoría profesional
o económica, en la misma base territorial, la cual será definida
por los t rabajadores o empleados interesados, no pudiendo ser inferior
al área de un Municipio;
-
compete al sindicato la defensa de los derechos e intereses colectivos
o individuales de la categoría, incluso en cuestiones jurídicas
o administrativas;
-
la Asamblea General fijará la contribución que, tratándose
de categoría profesional, será descontada de la nomina, para
el sostenimiento del sistema confederativo de la representación
sindical respectiva, independientemente de la contribución
prevista en la ley;
-
nadie estará obligado a afiliarse o a mantenerse afiliado a un sindicato
;
-
es obligatoria la participación de los sindicatos en las negociaciones
colectivas de trabajo;
-
el jubilado afiliado tendrá derecho a votar y a ser votado en las
organizaciones sindicales;
-
está prohibido el despido del empleado afiliado desde el registro
de la candidatura a cargo de dirección o representación sindical
y, si fuera elegido, aunque fuese de suplente; hasta un año después
de la finalización del mandato, salvo que cometiese
una falta grave en los términos de la ley.
Párrafo único. Las disposiciones de este artículo
se aplican a la organización de sindicatos rurales y de colonias
de pescadores respetando las condiciones que la ley establezca.
Art. 9. Se garantiza el derecho de huelga, correspondiendo a
los trabajadores decidir sobre la oportunidad de su ejercicio y sobre los
intereses que deban defenderse por medio de él.
1o. La ley definirá los servicios o actividades esenciales y
regulará la satisfacción de las necesidades inaplazables
de la comunidad.
2o. Los abusos cometidos someten a los responsables a las penas de la
ley.
Art. 10. Está asegurada la participación de los
trabajadores y empleadores en las asambleas de los órganos públicos
en que sus intereses profesionales o de seguridad social sean objeto de
discusión y deliberación.
Art. 11. En las empresas de más de doscientos empleados
está asegurada la elección de un representante de éstos
con la finalidad exclusiva de promover el entendimiento directo con los
empleadores.
CAPÍTULO III
DE LA NACIONALIDAD
Art. 12. Son brasileños:
-
de origen:
-
los nacidos en la República Federativa del Brasil, aunque de padres
extranjeros, siempre que éstos no estén al servicio de su
país;
-
los nacidos en el extranjero de padre brasileño o madre brasileña,
siempre que cualquiera de ellos esté al servicio de la República
Federativa del Brasil;
-
los nacidos en el extranjero de padre brasileño o madre brasileña,
siempre que sean registrados en la oficina brasileña competente
o vengan a residir a la República Federativa del Brasil antes de
la mayoría de edad y , alcanzada ésta, opten en cualquier
momento por la nacionalidad brasileña.
-
naturalizados:
-
los que, en la forma de la ley, adquieran la nacionalidad brasileña
exigiéndose a los originarios de países de lengua portuguesa
residencia sólo durante un año ininterrumpido e idoneidad
moral;
-
los extranjeros de cualquier nacionalidad, residentes en la República
Federativa del Brasil desde hace más de treinta años ininterrumpidos
y sin condena penal, siempre que soliciten la nacionalidad brasileña;
1o. A los portugueses con residencia permanente en el País les serán
atribuidos los derechos inherentes al brasileño de origen, si hubiese
reciprocidad en favor de los brasileños, salvo en los casos pre
vistos en esta Constitución.
2o. La ley no podrá establecer distinción entre brasileños
de origen y naturalizados, salvo en los casos previstos en esta Constitución.
3o. Son privativos del brasileño de origen los cargos:
-
de Presidente y Vicepresidente de la República;
-
de Presidente de la Cámara de Diputados;
-
de Presidente del Senado Federal;
-
de Ministro del Supremo Tribunal Federal;
-
de la carrera diplomática;
-
de oficial de las Fuerzas Armadas.
4o. Será declarada la pérdida de la nacionalidad del brasileño
que:
-
tuviese cancelada su naturalización por sentencia judicial, en virtud
de actividad perjudicial al interés nacional;
-
adquiriese otra nacionalidad por naturalización voluntaria.
Art. 13. La lengua portuguesa es el idioma oficial de la República
Federativa del Brasil.
1o. Son símbolos de la República Federativa del Brasil,
la bandera, el himno y el sello nacionales.
2o. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán
tener símbolos propios.
CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS
Art. 14. La soberanía popular será ejercida por sufragio
universal y por voto directo y secreto con valor igual para todos, y, en
los términos de la ley mediante:
-
plebiscito;
-
referéndum;
-
iniciativa popular.
1o. El aislamiento electoral y el voto son:
-
obligatorios para los mayores de dieciocho años;
-
facultativos para:
-
Los analfabetos;
-
los mayores de setenta años;
-
los mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años.
2o. No pueden alistarse como electores los extranjeros y, durante el período
del servicio militar, los reclutados.
3o. Son condiciones de elegibilidad, en la forma de la ley.
-
la nacionalidad Brasileña;
-
el pleno ejercicio de los derechos políticos;
-
el alistamiento electoral;
-
el domicilio electoral en la circunscripción;
-
la afiliación a un partido político;
-
la edad mínima de:
-
treinta y cinco años para Presidente y Vicepresidente de la República
y Senador;
-
treinta años para Gobernador y Vicegobernador de Estado y del Distrito
Federal;
-
veintiún años para Diputado Federal, Diputado Estatal o de
distrito, Prefecto , Vice-prefecto y juez de paz;
-
dieciocho años para Vareador.
4o. Son inelegibles los no susceptible de alistamiento y los analfabetos.
5o. Son inelegibles para los mismos cargos, en el período siguiente,
el Presidente de la República, los Gobernadores de Estado y del
Distrito Federal, los Prefectos y quien los hubiera sucedido o substituido
en los seis meses anteriores a la elección.
6o. Para concurrir a otros cargos, en el período siguiente, el
Presidente de la República, los Gobernadores de Estado y del Distrito
Federal, los Prefectos deben renunciar a los respectivos mandatos hasta
seis meses antes de la elección.
7o. Son inelegibles en el Territorio de jurisdicción del titular,
el cónyuge y los parientes consanguíneos o afines hasta el
segundo grado o Territorio, del Distrito Federal, del Prefecto o de quien
los haya sustituido dentro de los seis meses anteriores a la elección,
salvo si ya era titular de mandato electivo y candidato a la reelección.
8o. El militar alistable es elegible, atendiendo las siguientes condiciones:
-
Si tuviere menos de diez años de servicio deberá separarse
de la actividad.
-
Si tuviere más de diez años de servicio, será pasado
a la reserva por la autoridad superior y, si resultare electo, pasará
automáticamente, en el momento de la expedición del acta,
a la inactividad.
9o. Una ley complementaria establecerá otros casos de inegilibilidad
y los plazos de su cesación a fin de proteger la normalidad y legitimidad
de las elecciones contra la influencia del poder económico o el
abuso del ejercicio de una función, cargo o empleo en la administración
directa o indirecta.
10o. El mandato electivo podrá ser impugnado ante la Justicia
Electoral en el plazo de quince días contados desde la expedición
del acta, instruida la acción con pruebas de abuso de poder económico,
corrupción o fraude.
1
1o. La acción de impugnación de mandato se tramitará
bajo secreto judicial respondiendo el actor, en la forma de la ley, si
actuase temerariamente o de manifiesta mala fe.
Art. 15. Está prohibida la privación de derechos
políticos, cuya pérdida o supresión sólo se
producirá en los casos de:
-
cancelamiento de la naturalización por sentencia firme;
-
incapacidad civil absoluta;
-
condena penal firme, mientras dure sus efectos;
-
negativa a cumplir una obligación a todos impuesta o la prestación
alternativa, en los términos del artículo 5, VIII;
-
improbidad administrativa en los términos del artículo 37,
4o. .
Art. 16. La ley que altere el proceso electoral sólo entrará
en vigor un años después de su promulgación.
CAPÍTULO V
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Art. 17. Es libre la creación, fusión, incorporación
y extinción de partidos políticos, resguardando la soberanía
nacional, el régimen democrático, el pluripartidismo, los
derechos fundamentales de la persona humana y observando los siguiente
preceptos.
-
el carácter nacional;
-
la prohibición de recepción de recursos financieros de entidades
o gobiernos extranjeros o de subordinación a éstos;
-
la rendición de cuentas a la Justicia Electoral;
-
el funcionamiento parlamentario de acuerdo con la ley.
1o. Se garantiza a los partidos políticos la autonomía para
definir sus estructura interna, organización y funcionamiento, debiendo
establecer sus estatutos normas de disciplina y fidelidad al partido.
2o. Los partidos políticos, una vez adquirida la personalidad
jurídica en la forma de la ley civil, registrará sus estatutos
ante el Tribunal Superior Electoral.
3o. Los partidos políticos tienen derecho a recursos del fondo
de los partidos y acceso gratuito a la radio y a la televisión,
en la forma de la ley.
4o. Está prohibida la utilización por los partidos políticos
de organización paramilitar.
Título I (back)
Título III (forward)
Return to Brazilian Constitution Index