Republic of Paraguay / República de Paraguay Democracy and Citizen Security Democracia y Seguridad Ciudadana
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Defensoría Penal
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La Defensoría del Pueblo aparece en el Derecho Constitucional paraguayo con la Carta Magna 1992. Sus antecedentes inmediatos en el Derecho Internacional se encuentran en las legislaciones de España, Portugal y de otros países hermanos de Latinoamérica. También revistió gran importancia la experiencia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Como antecedentes remotos de la Defensoría del Pueblo en Paraguay podemos notar varias instituciones que la Humanidad creó para mejor atención de sus derechos. En la República Romana ejerció la defensa del pueblo el Tribuno de la Plebe, magistrado que tenía potestad de vetar. Durante la Colonia, en Paraguay se tuvo un funcionario, el Justicia para que los vecinos recurran ante él. Además existió el cargo de Protector de Naturales, para la defensa de los indígenas. Una de las personas que llegó a ejercer ambos cargos fue Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernandarias, uno de los hombres más ilustres del Paraguay Colonial. En 1995 se dictó la Ley N° 631 "Orgánica de la Defensoría del Pueblo" y, en 1996 la Ley N° 838/96 "Que indemniza a víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante la Dictadura de 1954 a 1989". Pero, a pesar de todas estas iniciativas legislativas, el Defensor del Pueblo no fue designado sino hasta nueve años después de haber entrado en vigencia la Constitución Nacional. La Defensoría del Pueblo comienza sus primeros pasos en momentos en que el país atraviesa por una grave situación en los campos, económico y social. En este contexto de demandas sociales y ciudadanas insatisfechas, la Defensoría del Pueblo inicia sus trabajos actuando como puente de comunicación entre la sociedad y el Estado. La Defensoría del Pueblo no dispone de los recursos financieros necesarios para el desarrollo acabado de sus funciones, en el sentido de que la misma se ve imposibilitada de brindar atención a todo el país. Con todo, es necesario señalar que existe voluntad de esclarecer situaciones y hacer justicia. A ese efecto, se han establecido las estructuras y las funciones específicas, se suscribieron convenios y se promocionó el mejor conocimiento de la Institución. El principal objetivo que se ha trazado la Institución es el de revertir el estado de desesperanza y descontento de quienes ven conculcados sus derechos y buscar por todos los medios a su alcance apegarse a lo establecido en la Constitución Nacional y en las Leyes, en demanda de Justicia.
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