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Panorama General de la Seguridad Ciudadana [English][Portuguese]

Desde el comienzo de los años 90s, el crimen, la inseguridad y la violencia armada se ha incrementado dramáticamente en Brasil. En la ciudad de Sao Paolo, por ejemplo, 1 de cada 20 ciudadanos fueron víctimas de robos armados durante el año 2002, a una tasa de 1,704 incidentes diarios (Institute of World Economics). Como señalan algunos analistas, parte importante de la violencia es producto de la inseguridad y de altos índices de desempleo en tanto que un creciente numero de periodistas, alcaldes, jueces, lideres sindicales, políticos y gente de negocios. han sido asesinados por amenazar los esquemas de la delincuencia organizada.

Aunque la violencia no es especifica de algun grupo social en particular, es en las comunidades periféricas de los grandes centros urbanos donde el fenómeno se manifiesta más intensamente. Por ejemplo, el índice de homicidios en Sao Paolo y Río de Janeiro en el año 2001 fue de 54 y 59 por cada 100.000 habitantes respectivamente; este índice aumenta a 200 por 100.000 cuando el objeto de análisis son las zonas pobres urbanas. Estas tasas son comparables e incluso exceden a otros países que han experimentado permanentemente guerras civiles o son considerados países en crisis.

El alto número de homicidios, sin embargo, es sólo un factor de la violencia en Brasil. Bandas criminales, actuando con creciente violencia, han sido responsable por episodios de que se han denominado de "terrorismo" expandiendo el temor en la población. Durante el año 2006, por ejemplo, un grupo conocido como Primero Comando da Capital (PPC) coordinó una serie de bombas, quemó buses y asesinó a varios policías en la ciudad de Sao Paolo como protesta al traslado de su lider a una prisión de alta seguridad (ubicada en otro Estado). Los ataques, que duraron tres días y que provocaron que la mayor ciudad de Sudamérica virtualmente se paralizara por tres días, fue ordenada desde el interior de la prisión de máxima seguridad por el líder de PPC Marco Camacho, conocido como Marcola. Utilizando un teléfono celular, Marcola coordinó los ataques simultáneos que causaron la muerte de 160 personas, la mayoría de ellos civiles inocentes.

Recientemente, en un caso que causó un alto impacto en la opinión pública, un pequeño de siete años -João Helio- fue arrastrado por siete kilómetros por un grupo de jóvenes que robaban un carro. El niño, fallecido en el asalto, se convirtió en el rostro de una protesta nacional en contra de los altos índices de violencia en Brasil. De una manera específica, este hecho generó una discusión pública acerca de la edad en que los jóvenes son imputables cuando cometen delitos. Hoy en Brasil, jóvenes de menos de 18 años no pueden ser enviados a prisiones comunes para castigar sus crímenes. Los jóvenes infractores son puestos bajo el tutelaje del Estado y enviados a reformatorios donde se espera que reciban educación y ayuda psicológica que permita reinsertarlos a una vida normal. Estas instituciones, sin embargo, no llegan a cumplir su función a cabalidad y los adolescentes frecuentemente viven hacinados en pequeñas celdas y de regreso a la libertad, los jóvenes generalmente vuelven a cometer los mismos delitos o se introducen en nuevas actividades criminales.

Las expectativas de que jóvenes pertenecientes a la población más pobre de Brasil se unan a organizaciones criminales han crecido a un ritmo acelerado. Muchos comienzan su actividad tempranamente, encontrándose casos de niños de 8 años reclutados por los "señores de la droga". A pesar de los riesgos implícitos relacionados con la venta de droga es alto, es cada vez mayor el número de jóvenes que se unen a estas organizaciones seducidos por las cuantiosas sumas de dinero que pueden lograr en un relativo corto período de tiempo. En los barrios de Río de Janeiro, niños y adolescentes son provistos con armas y ubicados en puntos estratégicos para monitorear el movimiento diario de los traficantes y reportar cualquier sospechoso a los "señores de la droga". Ellos integran la legión de delincuentes que apoyan el lucrativo negocio del narcotráfico los que han sido responsables por verdaderas escenas de guerra en las costas de Rio de Janeiro.

Como fue recordado recientemente por el ex Secretario Nacional de Seguridad, Coronel Jose Vicente da Silva Filho, la ausencia de inteligencia y coordinación entre agencias estatales y federales en Seguridad Pública ha dejado espacio para que las bandas de la droga cuenten con una organización capaz de desarrollar acciones delictuales de largo alcance y preparar un ejercito de combatientes experimentados y bien equipados para imponer su autoridad en las barriadas, intimidando a las autoridades policiales y a los habitantes de los barrios más acomodados de la ciudad.

Los expertos Emilio Dellasoppa y Sonia Branco también ven en la falta de coordinación un obstáculo principal para combatir la violencia. Ellos argumentan, por ejemplo, que la violencia ha sido tratada de una manera absolutamente reactiva en vez de propositiva. En este sentido, en la medida que el crimen se apodera de la agenda mediática, las autoridades se apresuran en responder con medidas como el aumento de los presupuestos, estrategias nacionales, o intervenciones de gran escala en los barrios más afectados por el problema. Sin embargo, existen pocos planes estratégicos y casi ninguna coordinación entre los cuerpos encargados de las intervenciones, lo que limita la capacidad de las autoridades de dar un verdadero paso por contar con un país más seguro. Este es el caso, por ejemplo, del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP). Como recuerda Dellasoppa y Branco el plan, originalmente presentado el año 2000 por el Presidente Enrique Cardoso y luego reeditado por el presidente Lula el 2003, se ha enfocado demasiado que hacer y no en como hacerlo. Mientras esto ayudo en gran medida a detectar a los "enemigos" no ha tenido buenos resultados en la etapa de desarticular a las bandas criminales a lo largo del país.

A pesar de las dificultades, el gobierno brasileño ha logrado algunos progresos importantes en material de seguridad. Una ley, aprobada en mayo de 2007, facilita la cooperación entre los municipios, los Estados y el gobierno nacional para iniciativas de seguridad pública. Esto ha sido un paso importante que ha permitido romper con las tradicionales disputas por fondos y por la responsabilidad de cada uno de los tres niveles del Estado. El año 2003 se aprobó otra importante iniciativa cuando el gobierno determinó que el registro de todas las armas circulantes en el país debía ser renovado cada tres años bajo la amenaza de cárcel y altas multas para los infractores. Mientras el intento de penalizar la venta de armas a civiles por parte del gobierno fracasó en un referéndum el año 2006, el ejecutivo ha sido muy activo en promover campañas educacionales y desarrollar iniciativas para controlar la entrada ilegal de armas al país. Pero quizas el progreso más importante en esta área ha sido una nueva aproximación al problema por parte del gobierno quien ha intentado incorporar a la sociedad civil y estableciendo alianzas con el sector privado para prevenir el aumento del delito. Presentado a comienzos del 2007, el programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadania ha destinado R$4,8 billones (aproximadamente US$2.4 billones) en iniciativas que permiten integrar seguridad policial e intervenciones sociales en las 11 de las más violentas áreas metropolitanas del país. El objetivo es combatir las causas sociales y culturales del crimen con un conjunto de medidas preventivas, represivas y de control. Todas estas iniciativas son coordinadas entre los tres niveles del gobierno.

Mientras los avances logrados en el sector público son prometedores, el país sufre actualmente enormes pérdidas económicas a causa de la violencia. De acuerdo a un estudio del Banco Inter-Americano del Desarrollo, a Brasil la violencia le cuesta anualmente unos US$84 billones -o alrededor de un 10,5% de su PIB- incluyendo al sector privado, publico y la sociedad civil. El déficit de inversión en seguridad pública ha dado pie a un aumento explosivo del sector privado de seguridad, el cual se encuentra entre los sectores más dinámicos de la economía brasileña. El año 2000, la Policía Federal registraba alrededor de 4.000 compañías de seguridad privada con alrededor de 54.000 empleados, sin contar aquellas empresas que no cuentan con los permisos necesarios para realizar estas actividades.

Mientras la violencia y la criminalidad en Brasil continua concentrándose en áreas geográficas y segmentos demográficos específicos, su impacto afecta a todo el país. Un estudio reciente señala que el 59% de todos los residentes de Río de Janeiro no se sienten seguros cuando caminan por la ciudad. Como la violencia y criminalidad es también un asunto de percepción, emoción y calidad de vida, es justo decir que la situación de seguridad en Brasil es lo suficientemente precaria como para afectar la vida diaria de todos sus habitantes.

(*) Resumen realizado por Valeria O. Buffo teniendo como fuente los siguientes trabajos:

Fernand Braudel Institute, "A Plan of Action : Public Security in Brazil", Paper Nº 33, 2003. Available at http://www.braudel.org.br/publicacoes/bp/bp34_en.pdf

United Nations Development Program and World Health Organization, Project Support for Armed Violence Program, 2005. Available at: http://www.undp.org/bcpr/documents/armed_violence/pro_docs/Rev_A_-_Prodoc_-_texto.doc

Delasoppa, Emilio and Zoraia Saint'Clair Branco, "Brazil's Public-Security Plans" in John Bailey and Lucía Dammert (eds), Public Security and Police Reform in the Americas, University of Pittsburgh Press, 2006.

Ultima actualización: Septiembre 15, 2007